Desacuerdo en Educación

La decisión del Partido Popular de no apoyar la última propuesta realizada por el ministro Gabilondo para un acuerdo educativo tampoco debería impedir que se den progresos en la materia. El Gobierno no puede volverse atrás respecto a las aportaciones que ha ido asumiendo durante estos últimos meses, por indicación de la comunidad educativa o de sus interlocutores populares. De igual modo que su negativa a rubricar el documento no permite al PP desentenderse de él, a medida que algunos de sus contenidos se traduzcan en proyectos legislativos o comprometan a las comunidades autónomas que gobierna. María Dolores de Cospedal expuso ayer razones más políticas que educativas al anunciar la decisión de su partido, en tanto que no guardaban una estricta relación con los problemas que aquejan a nuestro sistema de enseñanza desde el punto de vista de su calidad y de su capacidad para atajar sus dos principales males: el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios. Puede resultar coherente con sus postulados que el PP considere que el acuerdo propuesto no ofrece suficientes garantías para lo que Cospedal denominó ayer «la vertebración nacional del sistema educativo». Pero las verdaderas desigualdades que afectan a la educación en España no se dan entre comunidades autónomas, sino en el seno de cada aula y, en todo caso, entre los distintos centros. Que el PP no suscriba el acuerdo por sus carencias en ningún caso puede eximirle de respaldar los avances que ofrece en el terreno educativo. Del mismo modo que la negativa popular no debería conducir al ministro Gabilondo a desdeñar el apoyo parlamentario del PP a los cambios normativos y la ineludible sintonía que su desarrollo requiere entre su Ministerio y los ejecutivos autonómicos. La mejora de la enseñanza será imposible si queda a expensas de la confrontación de los «modelos educativos» a los que se refirió Cospedal. Esa mejora sólo puede ser fruto de las correcciones que se apliquen a la situación actual, con urgencia y con el máximo consenso. Correcciones que no pueden quedar sólo en el ámbito normativo y gubernamental, sino que deben implicar al conjunto de la comunidad educativa, comenzando por la asunción de un mayor esfuerzo por los propios estudiantes y de una mayor responsabilidad por sus familias.