El Supremo reclama al Santander más datos de los patrocinios a Garzón

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, instructor de la causa contra Baltasar Garzón por los pagos de los cursos de Nueva York, en la que el juez está imputado por cohecho y prevaricación, requirió ayer a un antiguo responsable del Banco Santander que le entregue todo el expediente sobre los patrocinios de su entidad a las jornadas que dirigió Garzón en la ciudad estadounidense entre 2005 y 2006.

Tras cuatro de horas de declaración, el que fuera delegado del Santander en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras, deberá volver al alto tribunal con toda esta documentación antes del 18 de mayo porque el magistrado instructor no quedó satisfecho con las pruebas y respuestas dadas por el testigo. El magistrado Marchena quiere conocer los pormenores de las subvenciones otorgadas por el banco antes de que declare su presidente, Emilio Botín, el 19 de mayo. Es por ello, según señalaron fuentes judiciales, que el instructor se mostrase especialmente «meticuloso» en conocer el «expediente completo» de los patrocinios y consideró insuficientes los documentos aportados por el testigo.

Las mismas fuentes comentaron que Marchena quiere llegar «hasta el fondo» en la causa y para ello pretende recoger toda la documentación posible para valorar si Garzón solicitó subvenciones al Santander en su condición de juez de la Audiencia Nacional, como aseguran los querellantes y niegan los directores de la Universidad de Nueva York, el centro donde se desarrollaron los cursos. De las Heras fue el responsable del Santander que se reunió con Garzón en Nueva York para conocer la «ambiciosa» propuesta de los cursos, como así le comunicó después a Botín. Un calificativo que se refería no al presupuesto de las jornadas, sino al programa de conferenciantes, según señaló ayer el testigo.

El Santander patrocinó con 302.000 euros las jornadas que dirigió Garzón, quien, meses después, archivó una querella contra Botín en la Audiencia Nacional por la causa de las «cesiones de crédito». Entonces, el fiscal no vio delito y la Sala de lo Penal confirmó el archivo.