Las cajas de ahorro abren la puerta con limitaciones al capital privado

La reestructuración de las cajas de ahorro recibe un decisivo impulso, pero no tiene ante sí un camino fácil. Para que repunte el crédito, Zapatero y Rajoy han acordado poner cuanto esté en su mano para que un tercio de estas entidades, ahora necesitadas de acometer procesos de fusión, los pongan en marcha antes del 30 de junio. También abren camino al capital privado, pero en una proporción limitada que nunca podrá alcanzar una posición de control, con la intención de no desvirtuar la naturaleza ni la función social que desempeñan. Con este fin se reformará la ley de Órganos Rectores (LORCA).

El dirigente popular ratificó su voluntad de contribuir a la reordenación del sector financiero, y acusó al Gobierno de haber perdido un tiempo precioso. El jefe del Ejecutivo le recordó que estos procesos dependen, además, de las comunidades autónomas, así como de las propias entidades. De las reticencias de otras fuerzas políticas llegaron pruebas casi de inmediato. CiU anunció el rechazo a una reforma de la ley de cajas que vaya en contra del modelo actual, mientras ERC anticipó su oposición a una «invasión de competencias» e ICV denunció los propósitos de bancarización. Los sindicatos anuncian que van a permanecer «vigilantes».

El principio de acuerdo pretende cubrir los siguientes frentes:

Acelerar las fusiones. La crisis ha achicado las oportunidades de negocio y disparado la morosidad en las instituciones de crédito. Las cajas, que representan la mitad del sector, se resienten en mayor medida de la crisis, y se ven obligadas a achicar costes y realizar economías de escala. El presidente del Gobierno explicó que, de las 45 cajas existentes, un tercio se ha embarcado en procesos de integración, otro tercio no lo necesita, y el resto requiere de auxilio y aún no ha emprendido este camino. El Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria, que establece un marco de ayudas, apenas se ha estrenado con tres procesos, y vence el 30 de junio.

Obstáculos políticos. Las fusiones interterritoriales no prosperan porque ninguna comunidad autónoma está dispuesta a perder la sede o la influencia sobre 'su' caja de ahorros. Con la legislación actual, el Banco de España sólo puede presionar con el argumento de que una entidad en graves dificultades pueda llegar a ser intervenida. En tanto no se modifique la LORCA, es preciso contar con la voluntad de los políticos para sacar adelante los procesos de integración. «Sabemos dónde hay que trabajar para cumplir los plazos», dijo Zapatero.

Más capital. El ajuste de tamaño no solventa los problemas a largo plazo. A consecuencia de la gran crisis financiera, se está cocinando a escala internacional un acuerdo, bautizado como Basilea III, que va a exigir a las entidades de crédito mayores cotas de capital para seguir operando. Las cajas no tienen accionistas a los que solicitar aportaciones. Por eso, PSOE y PP han pactado que puedan emitir cuotas participativas con derechos políticos, aunque en proporción limitada para que en ningún caso los compradores de estos títulos cotizados puedan alcanzar un control.

Un 'traje a medida'. Como el acuerdo alcanzado entre Zapatero y Rajoy tiene muchos aspectos por concretar, portavoces socialistas y populares coinciden en afirmar que la reforma de la LORCA será compatible con las aspiraciones de las cajas de ahorros, que demandan soluciones diversas para captar recursos en los mercados mayoristas. Quieren que la emisión de cuotas participativas sea opcional, y ofrecen como alternativas mecanismos ya probados, como sacar al mercado sus participaciones industriales, o constituir una filial bancaria con una parcela de su negocio.

Obra social. El nuevo presidente de la CECA, Isidro Fainé, primer ejecutivo de La Caixa, ha asumido el compromiso de preservar la naturaleza jurídica de las cajas. PSOE y PP están de acuerdo y van a tratar de combatir las acusaciones de quienes ven un gran riesgo en la entrada de capital privado.

Poder político. La reforma legal que se avecina tiene en la profesionalización de las cajas de ahorro un objetivo más ambicioso. Se trata de recortar la representación política, que en algunas entidades alcanza hasta un 50% de los órganos de gobierno. Están en mayoría en el consejo de administración -no en todos los casos-, y en la asamblea.

El veto autonómico. La gran batalla se librará, finalmente, si se pretende que la LORCA suprima el veto autonómico a las fusiones interterritoriales. Los dos dirigentes políticos no entraron en detalle. El arraigo de las cajas en su territorio, que se puede apuntar el acercamiento de los servicios bancarios a la población de baja renta, tiene la contrapartida de la poca flexibilidad de los gobiernos autonómicos implicados.