El frente catalán presentará en un mes su reforma del Constitucional

Ha costado más de lo debido y ha provocado una nueva crisis de Gobierno en la Generalitat, pero ayer después de innumerables reuniones y llamadas telefónicas, PSC, CiU e Iniciativa per Catalunya llevaron al Parlament la resolución en defensa del Estatut y a favor de los cambios en el Constitucional. La cámara autonómica votará el texto hoy.

La fecha elegida para escenificar el frente común catalán era ayer, pero desacuerdos de última hora de Esquerra Republicana, que se negó a suscribir el acuerdo aunque está a favor de apoyarlo, a punto estuvieron de hacer saltar por los aires el pacto al que llegaron el martes José Montilla y Artur Mas. Pero todo era cuestión de tiempo y de permitir que cada una de las formaciones sacara pecho. Así, el pleno del Parlament aprobará con los votos a favor de PSC, CiU, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, y los sufragios en contra de PP y Ciutadans, una proposición en la que defenderá la legitimidad del 'Estatut', instará al Congreso y al Senado a la renovación de los miembros del Constitucional con el mandato agotado y anunciará acciones para que el actual tribunal se declare «incompetente» tras cinco intentos fallidos de dictar sentencia sobre el nuevo marco de autogobierno.

La resolución pedirá además a los grupos catalanes en el Senado que presenten una propuesta de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que se impida la prórroga forzosa del mandato de los magistrados cuyo plazo en el cargo haya caducado.

30 días

La intención de los partidos catalanes es hacer «todo lo que esté en sus manos para presentar antes de 30 días una iniciativa en el Senado para cambiar la ley del Constitucional». Será en la Cámara Alta porque es allí donde se encalló la renovación del tribunal pues son los cuatro magistrados designados a propuesta del Senado los que están pendientes de renovación desde hace más de dos años.

Los cuatro partidos catalanes que apoyarán hoy la iniciativa creen también que comenzar por el Congreso alargaría el proceso, aunque a nadie escapa que se ha elegido la cámara alta como campo de pruebas porque es allí donde el PSC cuenta con grupo parlamentario propio, Entesa Catalana de Progres, junto a Esquerra e Iniciativa, y tiene más libertad de movimientos y capacidad de maniobra que en el Congreso donde sus 25 diputados deben someterse a la disciplina del grupo socialista.

Una vez que los grupos presenten la reforma, forzarán la votación y la tramitación de la ley. Aquí podría morir el frente catalán en Madrid, teniendo en cuenta que sin el apoyo del PSOE es casi imposible que la reforma prospere. Y a tenor de lo que afirmó el martes el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, «a día de hoy, -dijo- es mejor que dejemos que las cosas funcionen como están en el ordenamiento», los socialistas no parece que sean muy partidarios de apoyar la iniciativa proveniente del Parlamento de Cataluña.

Montilla, en cambio, se mostró convencido de que la reforma legislativa saldrá adelante. La ley, dijo ayer en el Parlament, se cambiará «porque es de sentido común, es cumplir con las reglas de juego». «Yo no doy por muerto el 'Estatut', y lo defenderé aunque algunos quieren herirlo, asesinarlo y enterrarlo, no doy la batalla por perdida», añadió. Y ante una interpelación del PP catalán para que revise sus planes, concluyó: «Retiren ustedes el recurso contra el 'Estatut' y mañana retiraremos la resolución».

Si el plan de reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional no pasa del Senado, como se espera, las fuerzas catalanas ya tienen preparado un par de iniciativas complementarias. Por un lado, la Generalitat, en una petición sin precedentes, ha convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para debatir las propuestas de candidaturas a magistrados del tribunal, a fin de renovarlos y desbloquear después de tres años y medio de debates la sentencia del 'Estatut'.

El Gobierno de la Generalitat, que propone a los catedráticos Encarna Roca y Antoni Rovira, ha encargado además un informe para que evalúe si la situación de no renovación en la que está el Constitucional puede tener efectos jurídicos a la hora de dictar sentencias.