Arizona incendia el debate migratorio

La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que permite la detención indiscriminada de personas indocumentadas ha convulsionado el debate migratorio en Estados Unidos y coloca a la Administración Obama en la difícil tarea de agilizar la legislación federal sobre la materia, el único gran asunto de su programa en el que ha buscado tejer un acuerdo sólido con los republicanos.

A diferencia de lo que sucedió con la reforma sanitaria o la actual discusión sobre la regulación financiera, ninguno de los dos grandes partidos está interesado en impulsar cambios drásticos en la normativa migratoria que signifiquen un endurecimiento excesivo en el escrutinio de los indocumentados porque a ninguno de los dos les favorecería electoralmente. Cualquier restricción en la de por sí precaria situación de los once millones de 'sin papeles', la mayoría de origen hispano, tendría un tremendo impacto en la comunidad latina que vive legalmente con derecho a sufragio y que en la actualidad representa más del 15% de la población en Estados Unidos.

De ahí que el senador republicano Lindsay Graham, se prestara a negociar con el demócrata Chuck Schumer un posible texto de reforma basado en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación. Esta voluntad de diálogo no oculta que las cosas han ido demasiado lentas, con un Congreso que se ha resistido a discutir la propuesta de los senadores Schumer y Graham mientras a Obama se le ha criticado no haber puesto toda la carne en el asador forzando una tramitación más ágil.

A partir de la embestida de Arizona, la politización del asunto inmigratorio está servida. De entrada, el inquilino de la Casa Blanca se ha dado cuenta de lo mucho que se juega y ha ordenado al Departamento de Justicia que estudie todas las vías para declarar inconstitucional la medida. Graham, por su parte, se ha puesto a la defensiva denunciando a los demócratas por querer rentabilizar el tema cuando faltan siete meses de las cruciales legislativas de noviembre.

Alternativa demócrata

Para el partido del presidente, cuyas perspectivas electorales se anuncian difíciles, la tentación de romper la baraja y presentar un texto propio, como ya hicieron con la reforma sanitaria o la financiera, toma cuerpo. Los líderes del Senado, Harry Reid, y de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han apuntado en esa dirección. Mientras, el Comité Nacional Republicano guardó silencio sobre la histórica medida de Arizona. Una de las figuras del partido y ex defensor de la reforma migratoria federal, John McCain, ex candidato presidencial y senador por ese estado, dio su apoyo a la norma impulsada por su compañera de partido Jan Brewer. Los demócratas pueden «empujar ahora para luego decir durante la campaña electoral que al menos lo intentaron», explica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks, una coalición de empresarios que defiende una reforma migratoria federal que evite diferentes varas de medir. La tensión entre los estados y el Gobierno sobre el tema migratorio viene de viejo. En 1994 vivió uno de sus episodios más tensos cuando el gobernador de California, Pete Wilson, logró la reelección al llevar a referéndum la Proposición 187, que salió adelante. Esta negaba el derecho a la salud y a la educación a los indocumentados.