Martínez declara que la ciudad no puede «ser rehén» del sindicato policial mayoritario

El Gobierno municipal, a través de la teniente de alcaldesa y delegada de Seguridad y Movilidad, María del Carmen Martínez, ha rechazado de pleno el anuncio hecho por el sindicato policial SIP de llevar a cabo medidas de protesta durante la Feria y el Mundial de Motociclismo. A través de un comunicado, la concejala considera que «la ciudad no puede ser rehén de un sindicato en unas fechas tan importantes, donde estos eventos suponen un importante argumento para la promoción y para la proyección internacional de nuestra imagen».

Se trata de unas medidas que, a su juicio, no harán otra cosa que enturbiar estas celebraciones con el consiguiente perjuicio que ello acarreará para todos. «Cómo se puede someter a los ciudadanos a una presión injustificada -se pregunta Martínez-, convirtiéndolos en el objetivo de sus acciones y todo por unas reivindicaciones laborales». Asimismo, alude a la posibilidad de que el SIP se encuentre inmerso en una campaña electoral, porque «de otra forma no se entiende su postura».

Según la edil, el problema fundamental es que nadie conoce qué piden realmente los agentes: si dinero, si materiales, si días libres... Además, llama la atención sobre el tremendo daño que se hace a los jerezanos y a las jerezanas que consideran la Feria un espacio para la convivencia y el disfrute, sobre el que ahora «pesa la amenaza del sindicato».

«El gobierno es el que toma las decisiones en coordinación con los mandos de la Policía Local y no un sindicato», subraya la teniente de alcaldesa, para afirmar que los dispositivos de seguridad con motivo de la Feria y del Mundial «los montan los mandos de la Policía y no el SIP».

Boicot inevitable

Aunque obviamente los planes de seguridad son responsabilidad de los jefes del Cuerpo, desde el sindicato tienen la firme intención de boicotear los eventos y su actitud puede perjudicar enormemente el desarrollo de los mismos.

Sólo hay que echar la vista atrás y recordar lo ocurrido en Semana Santa, cuando los días clave se dieron de baja de forma sorpresiva más del 50% de los policías locales que formaban parte del operativo y las multas a los ciudadanos aumentaron un 60%. En esta ocasión, los funcionarios han sido aún más claros anunciando que aplicarán la ley con todo el rigor posible y los controles de alcoholemia se convertirán en la pesadilla de feriantes y moteros.