Garzón también será investigado por los 'pinchazos' del 'caso Gürtel'

Baltasar Garzón ya tiene sobre la mesa una nueva causa en el Tribunal Supremo. Esta vez por ordenar la intervención de las comunicaciones carcelarias entre imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados mientras tuvo la competencia para instruir la trama de corrupción ligada al PP. El alto tribunal confirmó ayer la apertura de la investigación tras rechazar el recurso de la Fiscalía y del propio Garzón contra la admisión a trámite de la querella formulada, entre otros, por el cabecilla de la red, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, ambos en prisión preventiva, y Juan Ignacio Peláez, el abogado del empresario José Luis Ulibarri, también imputado.

El nuevo proceso abierto a Garzón en el Supremo llega un día después de que el juez declarase como imputado por la causa de las subvenciones del Banco Santander y diez días más tarde de que el magistrado Luciano Varela lo procesara por prevaricar en la investigación de los crímenes del franquismo, una resolución que llevará a Garzón al banquillo de los acusados y que conllevará la suspensión temporal de sus funciones en la Audiencia Nacional hasta que no haya una sentencia definitiva.

Al igual que en las anteriores querellas, la Sala de lo Penal rechazó los recursos de súplica del fiscal y del juez con el argumento de que no es «totalmente descartable» la posibilidad de que Garzón haya cometido un delito de prevaricación y otro de vulneración de la intimidad. Para la sala, «lo esencial» del proceso son dos autos dictados por el juez en febrero y marzo de 2009, en el que acordó la intervención, y posteriormente la prórroga de las comunicaciones en prisión que mantuvieron los encausados y sus letrados.

Garzón se amparó entonces en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ordenar dichos 'pinchazos' a partir de los indicios que tenía sobre la presunta comisión de delitos por parte de los acusados y sus letrados. Sin embargo, los querellantes se escudaron en la ley penitenciaria, que impide estas intervenciones salvo en los supuestos de terrorismo, para denunciar que el juez vulneró su derecho de defensa.

La Sala de lo Penal no esquiva la paradoja de que tanto Correa como Crespo puedan ejercer la acusación particular contra el juez que ordenó su detención. «No debe sorprender que sean los presos y sus defensores quienes actúen como querellantes, atribuyéndose a sí mismos la condición de víctimas de las supuestas infracciones delictivas» que pudiera haber cometido Baltasar Garzón, asegura el auto.

«Intrascendentes»

Los magistrados del Supremo, eso sí, dejan claro que «son del todo intrascendentes» en este proceso las decisiones que tomen otros órganos jurisdiccionales sobre este asunto, en velada referencia a la postura del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de declarar ilegales las intervenciones carcelarias ordenadas por Garzón.

Estos 'pinchazos' fueron avalados en su momento por el juez Antonio Pedreira y por la Fiscalía con los mismos argumentos que utilizó Garzón en su momento. Sin embargo, la Sala Civil y Penal del tribunal madrileño las acabó anulando por dos votos a uno al tildarlas de «método inquisitorial» que vulneraba derechos de los implicados.

Por último, la Sala Penal del Supremo deja abierta la puerta al Colegio Profesional de Abogados para que pueda ser parte en el proceso contra Garzón en defensa del «interés colectivo en la profesión de abogado». Probablemente, la próxima decisión de instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, sea llamar a declarar al juez como imputado.

Por otra parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo -formada por el presidente Carlos Dívar y los diferentes presidentes de las salas, entre otros- se reunió ayer para «considerar recientes acontecimientos que afectan al Poder Judicial en España», en referencia a la tensión política derivada de los actos de apoyo a Garzón, con acusaciones de persecución al alto tribunal y replicas de que estas manifestaciones suponen un ataque al Estado de Derecho.

La Sala de Gobierno adoptó por unanimidad «no considerar necesario adoptar acuerdo alguno, por estimar que el ejercicio independiente de su jurisdicción no resultará perturbado y que corresponde a todos los Poderes del Estado preservar el orden constitucional».