La propuesta de reforma laboral sólo recibe el apoyo del Gobierno y la CEOE

Gobierno y CEOE se quedaron solos en la defensa de la última propuesta de reforma laboral del Ejecutivo. Ambos no tienen duda. Es el plan que España necesita para paliar los efectos de la crisis en el mercado laboral.

El presidente Zapatero se refirió al proyecto desde EE UU. Explicó que se trata de «mejorar las cosas para los empresarios sin que los trabajadores pierdan derechos», como es la posibilidad de que parte del coste del despido vaya con cargo al Fondo de Garantía Salarial y de que los asalariados tengan libertad al contar con un dinero que pueden utilizar como indemnización por despido o guardar para su jubilación, en alusión a la creación de una 'hucha', propiedad del trabajador, financiada por los empresarios.

El documento, en el que el Gobierno apuesta abiertamente por la reducción del precio del despido, levanta preocupación en el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, quien «teme lo peor» a la hora de introducir cambios en la contratación. Para su homólogo en UGT, Cándido Méndez, la redacción de la propuesta es «farragosa» y su contenido «discutible».

Pero ninguno de los dos se da por vencido. La negociación continúa, esperan el acuerdo y advierten de que mantendrán los ojos muy abiertos para evitar recortes encubiertos de los derechos de los trabajadores, cuestión -esta última- rechazada por las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado. A juicio de ambas, el texto impulsa el empleo estable al despejar incertidumbres y facilitar trámites. El titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho hizo hincapié en que el documento «está abierto» y es en la mesa del diálogo social donde se debe discutir.

A la vez, en el Gobierno se impone la idea de que el proceso para adaptar medidas de otros países al mercado español será largo. «Llevará tiempo y conviene trabajar sin agobios», añadieron fuentes próximas a la negociación. Precisamente, CC OO y UGT piden alargar el debate sobre los contratos y el sistema público de empleo y cerrar los temas vinculados a la colocación de jóvenes, sistema de bonificaciones y reducción de la jornada como instrumento de ajuste laboral.

Mil euros por año

Muy diferente es la visión empresarial. El autor de la primera reacción de CEOE fue el presidente de Foment del Treball, Joan Rosell, quien lanzó un llamamiento para emprender «lo más rápido posible» la modernización de las «rancias» leyes laborales de España. Afirmó que la reforma es imprescindible. «Tan injusto es un despido sin indemnización como el pago de más de 1.000 euros por año de servicio», dijo. En el acto en el que habló Rosell se encontraba el máximo dirigente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que se limitó a suscribir las palabras del empresario catalán.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, tildó la propuesta del Ejecutivo de «vaga», «incompleta» e inútil para arreglar el paro. Lamentó que tras dos años «mareando la perdiz» el Gobierno haya presentado un texto que solo hace «sugerencias» y que peca de «generalidades». Por motivos muy distintos, el diputado de ICV, Joan Herrera, también rechazó el documento. Arguyó que los socialistas «han aceptado premisas» de CEOE y alertó de que con un despido más barato se destruiría un mayor número de puestos de trabajo.