El Gobierno teme quedarse sin la foto del pacto anticrisis

El Gobierno empieza a temer que tendrá que renunciar a la foto de un acuerdo político contra la crisis con los grupos parlamentarios. Trabaja ya, según fuentes de la negociación, con la idea de «diluir» la propuesta de 54 medidas presentada la semana pasada por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, a cambio de que respalden la aprobación por el Consejo de Ministros de un real-decreto más ambicioso en el que se incluyan una veintena larga de medidas, algo más de lo previsto.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha dedicado toda la semana a deshacer el entuerto que produjo la decisión de José Luis Zapatero de intentar forzar el pacto antes de la Semana Santa, pero sus interlocutores se mantienen fríos. El diálogo más intenso se ha producido estos días con el portavoz de CiU, Josep Antonio Durán i Lleida. El Ejecutivo insiste en que las cosas van bien, pero el dirigente cristianodemócrata se mostró ayer muy crítico con las intenciones gubernamentales.

Durán minimizó el alcance del posible pacto y advirtió de que las cuestiones que se están intentado sacar adelante por parte del 'tridente' formado por Salgado, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, y el titular de Industria, Miguel Sebastián, no servirán para generar confianza ni dentro ni fuera de España.

Sus declaraciones, en Onda Cero, no son óbice para que el portavoz nacionalista siga dispuesto a negociar con el Ejecutivo, pero en esta semana, en la que nadie parece dispuesto a dar árnica a los socialistas, aprovechó para tomar cierta distancia y recriminar que no se hayan puesto en marcha aún reformas estructurales, como la relativa al mercado de trabajo.

Tampoco el último en pasar por el despacho de la ministra de Economía, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, fue más entusiasta. Según dijo, el Gobierno «no se ha movido» ni un ápice de sus posiciones iniciales y aún no ha trasladado respuesta a las demandas de su formación, que hace hincapié en la regulación del sistema financiero, en medidas de fiscalidad progresiva (como un IVA superreducido para vivienda de protección oficial) y, sobre todo, en que se restituya el fondo de acogida e integración de inmigrantes que la Administración central destina a las comunidades autónomas. Este fondo ha pasado de estar dotado con 196 millones de euros en 2009 a 70 en 2010.

De momento, el Gobierno sigue contemplando en 9 de abril como fecha en la que el Consejo de Ministros apruebe el real-decreto resultante de sus negociaciones en el Palacio de Zurbano. Lo que está por determinar es qué medidas se incluirán en ese texto legal porque no pueden ser -y no lo iban a ser desde un principio- las 54 que aparecían en el documento político que Zapatero quería haber tenido firmado ya este martes, antes de irse de vacaciones a Doñana.

Carácter urgente

De ese medio centenar de medidas sólo deberían ir al decreto aquellas de carácter urgente y que puedan tener más incidencia en la coyuntura económica -como los créditos directos del ICO para pymes o el aumento de los límites de embargabilidad por impago-. Habría un segundo paquete de medidas que se enviarán al Parlamento próximamente y un tercero de cuestiones pensadas para el medio plazo.

Pese a este matiz, el documento político que los partidos conocieron el jueves pasado, tan sólo media hora antes de que la propia Salgado lo hiciera público en una rueda de prensa, encontró mala acogida entre los grupos. El Gobierno confía en que el rechazo tenga más que ver con la forma que con el fondo, porque entiende que los portavoces se sintieran molestos ante el imperativo de tener que decidir si lo suscribían en apenas 24 horas sin que las ejecutivas de sus partidos -que suelen celebrarse los lunes o martes- tuvieran tiempo de valorarlo, como se les planteó en un primer momento.

Visto que se quedaba solo, renunció a cerrar ya el capítulo con una foto con los partidos y un Consejo de Ministros que recogiera, por fin, los frutos de su negociación. Tras las críticas recibidas a propuestas como que la que obligaría a las compañías aéreas a no penalizar a los pasajeros por el número de maletas sino por su peso o a admitir que se suba a bordo todo lo que se haya comprado en el 'dutyfree', que según la mayoría de los grupos restan «credibilidad» al conjunto y difícilmente pueden entenderse como respuesta a la crisis, el presidente se plantea ahora rebajar la declaración política y cargar las tintas en el decreto.