Las maquinas derriban una de las viviendas ilegales en la zona Majada de los Chivos de Chiclana en 2009. / ROMÁN RÍOS
Chiclana

Nueva orden de derribo a una vivienda sin licencia

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El propietario de una vivienda de 110 metros cuadrados situada en el Camino Majada de los Chivos deberá llevar a cabo antes de un mes el derribo de su propiedad. En mayo de 2009, la GMU (Gerencia Municipal de Urbanismo) abrió expediente a este ciudadano por edificar sin licencia y ahora, después de no haber podido comunicar la notificación expresa para la restauración de la legalidad urbanística al interesado, el Boletín Oficial de la Provincia se hace eco de esta orden de derribo.

En el caso de que el propietario del inmueble, que se ubica en una parcela de 900 m2 calificada como suelo urbano no consolidado dentro de una de las nueve Áreas de Gestión Básica, no ejecute dicha demolición, será la propia Administración local la que actúe de oficio con multas y, en última instancia, ejecutando el derribo con cargo a la propiedad.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que el derribo puede no ser inminente. De hecho el dueño de la vivienda tiene derecho a presentar un recurso por la vía Contencioso-Administrativa contra el dictamen de la Gerencia.

En estos momentos éste no es el único expediente sancionador abierto contra viviendas edificadas al margen de la legalidad en la localidad chiclanera, aunque el dato exacto no ha sido facilitado por el Consistorio.

En los últimos años se han producido los únicos tres derribos que ha vivido Chiclana en toda su historia. El primero de ellos tuvo lugar precisamente cerca de donde se levanta la construcción ahora amenazada, en la zona anexa a Batería Colorada. El segundo de ellos se llevó a cabo en el entorno de Pago Melilla y fue ejecutado por la familia de la propietaria, fallecida varios años antes.

Pero la demolición más polémica y mediática fue sin duda el de las diez viviendas de Majadillas propiedad de Antonio Tocino en diciembre pasado.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Chiclana acaba de aprobar unas ordenanzas para regularizar las casi 15.000 casas ilegales que hay en el diseminado, y que deben servir, en teoría, para paralizar la mayoría de expedientes sancionadores que podrían acabar en derribo.