«La cadena perpetua revisable es más benévola que el sistema penal actual»

Juan Carlos Campo sabe que la Justicia no pasa por buenos momentos, pero ¿acaso alguna vez estuvo mejor? Lo cierto es que estuvo peor. Hace justo un año (en marzo de 2009) cuando el magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial se convertía en uno de los primeros fichajes del entonces recién nombrado ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el mundo judicial español se encontraba en plena crisis, con jueces en pie de huelga y con la opinión pública reclamando medidas urgentes para sacar la Justicia de su atasco secular. El gabinete de Caamaño, con Juan Carlos Campo como su mano derecha, calmó aquel mal momento con un compromiso: refundar la Justicia con un ambicioso plan de modernización que estaba llamado a cambiar el sistema de raíz. El secretario de Estado se muestra claramente orgulloso de participar en esta renovación, que según su punto de vista, será histórico.

-Entre las mejoras del Plan de Modernización aprobado incluye la informatización de los juzgados y la desaparición del papel.

-Justamente en eso es en lo que se han dado pasos enormes. Era algo esencial, como que nuestros juzgados estén conectados por Red, y que un juzgado de Sevilla pueda pedir un exhorto a un juzgado de Barcelona. Y va a ser una realidad inminente a través del Esquema Judicial de Interoperativilidad (EJIS), que ya está firmado y las comunidades autónomas se han adherido a él. Además, irá desapareciendo esa imagen de los juzgados con los papeles en carritos de la compra. En la Audiencia Nacional, por ejemplo, será una realidad en otoño de este año. Aparte, el 4 de mayo entran en vigor todas las leyes que ponen en marcha la nueva oficina judicial, que llevaban siete años paradas, y que permitirán una nueva vertebración de la Justicia, que potenciará la labor de los jueces para evitar que se entretengan en otras cuestiones que no sean juzgar y ejecutar.

-¿Puede verse este Plan comprometido por la crisis?

-Desde el Ministerio creemos que invertir en la Justicia es rentable en tiempos de crisis, porque un sistema judicial ágil dinamiza la economía, por eso la modernización ha tenido un esfuerzo económico enorme, con los mejores presupuestos de la historia: 1.800 millones que supondrán un incremento de la planta judicial con 250 nuevas plazas para jueces, 150 para fiscales y más de 200 para secretarios judiciales.

-El PP critica, en cambio, que el número de juzgados nuevos en Andalucía será menor al propuesto.

-Hay que tener mucho cuidado con esas críticas, porque sólo en lo que llevamos de legislatura se han creado muchísimas más plazas de las que se crearon en las dos del PP. Andalucía contará con 24 nuevas plazas, de las cuáles 15 serán juzgados tradicionales y nueve de adscripción territorial, por lo que cuenta con el máximo respaldo en cuanto a la creación de órganos, porque es una comunidad con alto nivel de litigiosidad.

-¿Cuáles son las debilidades de la planta judicial gaditana?

-Cádiz, creo que no descubro nada, es una provincia que podría decir es excepcional. Por ejemplo, es la provincia con más partidos judiciales servidos con magistrados de España y una estructura compleja.

-La Justicia sigue teniendo una mala imagen entre los ciudadanos. ¿Esperan cambiar esa percepción con la modernización?

-Por supuesto. Lo que nos dicen las encuestas es que los ciudadanos creen en la Justicia, el problema es que viene muy tarde. Hay una mayoría que suspende al sistema por su gestión, porque es muy lento, pero un 78%, cuando se le pregunta quién quieren que les resuelva sus problemas, contestan que los jueces. Cada año hay más litigios, es decir, la gente acude a la Justicia y cree en ella; lo que pasa es que, efectivamente, es muy lenta. Jamás, desde 1812, ha habido un sistema judicial ágil. Por eso ahora estamos fundando una Justicia que no ha existido hasta ahora.

Reforma del Código Penal

-La opinión pública no sólo critica la lentitud de los juzgados, también la falta de dureza, especialmente en algunos delitos. ¿Cambiará esa percepción la reciente reforma del Código Penal?

-Sí existe esa percepción, pero los responsables políticos tenemos una función que es transmitir que el sistema es mejorable, pero no es blando en ningún concepto. Los ciudadanos nos dejamos condicionar por algunos acontecimientos que nos estremecen. Pero las leyes que llevan la felicidad a los pueblos son aquellas que son fruto de la reflexión y del análisis, y no las que se legislan en caliente. Eso no colmaría más que instintos básicos que no responden con la política de un gobierno. Últimamente hemos tenido al Rafita, que es precisamente un ejemplo de que el sistema en el resto de los casos funciona, porque todos los días hay miles de menores a los que se aplica la ley, que funciona relativamente bien.

-¿Cabe un debate en la reforma del Código Penal sobre la cadena perpetua que propone el PP?

-La cadena perpetua, tal como está expuesta, no tiene sentido porque choca con nuestros principios constitucionales, porque las penas tienen que ir orientadas a la reeducación del delincuente. El concepto de cadena perpetua revisable (a los 20 años) es más benévolo incluso que el sistema actual, que cuenta con penas de hasta 40 años de cumplimiento. Además, la reforma del Código Penal contempla la libertad vigilada, que va a permitir que la sociedad se siga protegiéndose de delincuentes como terroristas o violadores en serie si al finalizar la condena siguen teniendo un pronóstico de peligrosidad. La libertad vigilada no es más que un género que va a articular varias opciones, como órdenes de alejamiento, presentarse en los juzgados, no salir del país, una localización permanente, etcétera. Seguirá habiendo crímenes, pero el sistema funciona y con rigor.