Los dueños de casas ilegales irán a la justicia para frenar la regularización por su alto coste

El Ayuntamiento de Chiclana ganó ayer una batalla, pero no la guerra. Gracias a la mayoría absoluta que tiene en la Corporación, el gobierno municipal de PSOE, PSA y la edil no inscrita Nadine Fernández, aprobó por mayoría la entrada en vigor de las Ordenanzas de Regularización de las Áreas de Gestión Básica.

Eran las 12 del mediodía, y tras cuatro horas justas de un intenso debate más político que técnico, se daba luz verde a un documento que debe regir el proceso para dotar de servicios y legalidad jurídica a más de 15.000 viviendas a lo largo y ancho de 18 millones de metros cuadrado del diseminado local.

Pero el futuro de estas Ordenanzas no está nada claro. En las mismas puertas del salón de plenos del Teatro Moderno, una treintena de representantes de asociaciones de vecinos aglutinados bajo el paraguas de la Plataforma de Afectados, dejaba evidente su malestar y anunciaba de manos de su portavoz, Miguel Pérez, que llegarán «donde haga falta para que estas ordenanzas no se apliquen».

De momento, los propietarios ya han decidido presentar un recurso contencioso-administrativo en cuanto el texto entre en vigor tras su publicación en el BOP. Además tienen previsto realizar una gran movilización el próximo sábado 20 de marzo. Su principal argumento: «Estas Ordenanzas no están amparadas por ningún reglamento superior, puesto que el actual Plan General es un documento anulado por la justicia», explicaba ayer Pérez. Además, ellos consideran que los costes que se plantean a pagar para legalizar una casa son «demasiado elevados».

División ciudadana y política

Lo cierto es que desde el primer minuto de la sesión plenaria quedó patente la profunda división que el asunto de la regularización de viviendas sin licencia genera en la localidad chiclanera. Uno de los representantes de la Plataforma, José Joaquín González, tomó la palabra para rogar al Gobierno municipal; «están ustedes perdiendo una oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo con los vecinos; no aprueben estas Ordenanzas tan injustas», pidió.

Sin embargo, la sesión prosiguió con su punto único del orden del día. Del debate político destacó sobre todo el enconado enfrentamiento entre la oposición y la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, que trató de explicar una y otra vez las virtudes del documento que estaban a punto de aprobar. Así, la edil recordó por ejemplo que estas Ordenanzas presentan «numerosas ventajas y facilidades» para que los propietarios puedan acogerse al proceso de legalización. Ella recordó que los costes finales a pagar por éstos no se conocerán «hasta que se realice el anteproyecto de las obras en su zona y un estudio de las cargas urbanísticas».

Las previsiones son que los dueños de casas ilegales deban pagar entre 1.500 y 4.000 euros en un primer pago para iniciar el expediente. Al año siguiente podrán acogerse a un canon de en torno a 60 euros mensuales o bien abonar el resto de forma fraccionada o de golpe. En ese momento ya tendrían los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado. Según Verdier, Urbanismo ya tiene cerrados además varios convenios con Endesa, diferentes entidades bancarias para la obtención de préstamos blandos y con los colegios de aparejadores y arquitectos para la rebaja en la elaboración de los proyectos técnicos necesarios y la entrada en vigor de la figura urbanística de Fuera de Ordenación Tolerada permitirá que gran parte de las viviendas con expedientes de derribo puedan ser incluidas en el proceso y contar con servicios en el futuro.

«Nace muerto»

Además, la edil insistió en que el Ayuntamiento elaborará otras ordenanzas de ayuda a las familias con menos posibilidades para que éstas también puedan legalizar sus viviendas y obtener servicios básicos. Sin embargo todos estos argumentos resultaron insuficientes para el PP o el PA, cuyos portavoces repitieron en varias ocasiones que «este documento nace muerto y sin el consenso vecinal». El más beligerante volvió a ser una vez más el que fuera delegado de Urbanismo con el cuatripartito, José Pedro Butrón, que arremetió contra la Junta, «por no devolver todo el dinero que ganó con el impuesto de transmisiones patrimoniales de viviendas irregulares durante años en Chiclana», por ejemplo.

Muy criticada fue también la postura de las dos socias de Gobierno de los socialistas. Curiosamente, la edil del PSA, Ángeles Polanco, votó a favor de las Ordenanzas después de haber defendido en los últimos años el 'gratis total' para los propietarios, o que un 60% del pago de los costes corriera a cargo de la Junta de Andalucía.

Antes de la votación, que se saldó con el sí del Gobierno y el no de la oposición al completo salvo la concejal no inscrita, Estefanía Benítez, el alcalde, José María Román, recordó que estas Ordenanzas son la opción «más próxima a los vecinos que los técnicos han podido avalar».