El Gobierno promete intensificar el control de los etarras en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a «intensificar» la labor de seguimiento que, desde hace años, mantienen las fuerzas de seguridad españolas sobre el medio centenar escaso de etarras que reside en Venezuela. El presidente explicó que ese es el sentido del viaje que efectuará en los próximos días a Caracas el director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. Una tarea, dijo, encaminada a agilizar extradiciones en cuanto sean solicitadas por la Justicia española.

El Ejecutivo insiste aún en que no está en absoluto claro que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, haya pedido a Exteriores que gestione el traslado a España de varios miembros de ETA. Pero a la espera de una aclaración que se pedirá hoy al magistrado, Zapatero se felicitó de que este episodio haya servido para que el Gobierno de Hugo Chávez exprese «claramente» su condena al terrorismo.

Lo hizo en el comunicado conjunto emitido por Venezuela y España este sábado en el que el también negó «las informaciones publicadas» en los medios de comunicación a raíz del auto del juez Velasco. Un escrito que encuentra indicios de connivencia entre las autoridades de Caracas y la asociación criminal establecida entre ETA y las FARC de Colombia para su adiestramiento mutuo.

El grado de colaboración de Chávez en la persecución de los miembros de la organización terrorista se podrá comprobar en breve, cuando el Gobierno le envíe el polémico auto. Menos esperanzas hay de que actúe contra Arturo Cubillas, a quien la Audiencia Nacional considera responsable del colectivo de etarras en Venezuela. Cubillas llegó a Caracas en 1989 desde Argelia, tiene nacionalidad venezolana, está casado con Goizeder Odriozola, la mano derecha del vicepresidente Elías Jaua, y trabaja en la Administración venezolana. En su primera respuesta al auto de Velasco, el pasado lunes, Asuntos Exteriores ya se encargó de recordar que su llegada al país caribeño se sustentó en un acuerdo entre el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el venezolano Carlos Andrés Pérez, y subrayó que su extradición no era posible.

Más allá de la voluntad del líder bolivariano -al que aseguró, de nuevo, haber pedido «explicaciones»- defendió su propio compromiso personal. «El Gobierno que presido ha demostrado su fortaleza y su capacidad para perseguir a miembros de ETA, dentro y fuera de España, con resultados extraordinariamente positiva», dijo. «Y la política de persecución a todos quienes colaboran con los terroristas se extiende a Venezuela», garantizó.

Explicaciones

Entretanto, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lejos de dar por zanjada la polémica con Venezuela, pidió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que comparezcan en el Congreso para explicar las presuntas relaciones de ETA con el Gobierno de Chávez. Rajoy, que clausuró en Toledo la onvención nacional de Nuevas Generaciones, exigió a ambos que den su opinión sobre el auto del juez Velasco «y expliquen a los españoles si es verdad o no» que esas relaciones existen.

El líder de la oposición consideró además imprescindible que el Gobierno de Zapatero convoque al embajador de Venezuela en España para que dé las mismas explicaciones.

Rajoy lamentó «el papel de la diplomacia española» en este caso porque «ha sido triste, lamentable y humillante para España». Dijo tener además la certeza de que la presunta colaboración del Gobierno de Caracas con ETA «no son hipótesis» sino fruto de las «investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del auto de un juez». Velasco fundamentó sus conclusiones en informes de los servicios de inteligencia de Colombia elaborados con el material encontrado en el ordenador del comandante de las FARC Simón Reyes, fallecido en un bombardeo del Ejército colombiano, y en la declaración de un ex guerrillero de esa organización.