La Audiencia anula la decisión de investigar a Lopera desde 1992 tras la compra del Betis

La Audiencia de Sevilla ha anulado la decisión de la juez de instrucción 6 de extender la investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis hasta el año 1992, cuando se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), porque tales hechos «carecen de la mínima tipicidad penal».

La Sección Primera de la Audiencia dice que los hechos a los que la juez pretende ampliar su investigación «no guardan relación con el objeto de estas diligencias previas» y no cumplen «la exigencia de una mínima apariencia de tipicidad penal».

La juez de instrucción 6 investiga una denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra el máximo accionista del Betis por un presunto delito societario al «descapitalizar» el Real Betis «en beneficio propio o de terceros» y «con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho».

Con ello «ha llegado a producir una descapitalización del Real Betis Balompié a través de la entidad Encaje del Deporte SA (Encadesa) que tiene atribuida la exclusividad de negociar, firmar, gestionar y cobrar todos los ingresos que se produzcan por la actividad del Real Betis», según la denuncia del fiscal.

Nueva investigación

La juez acordó en el año 2009 retrotaer su investigación a la constitución del Betis como SAD, para lo que dos inspectores de Hacienda llevan más de un año analizando toda la documentación del club deportivo en una sala de los juzgados de Sevilla habilitada especialmente para ellos.

Los magistrados de la Sección Primera sostienen que «no consta indicio alguno» de que los contratos firmados el 30 de junio de 1992 entre FARUSA -una sociedad instrumental de Ruiz de Lopera- y la anterior directiva «no fueran firmados libre y voluntariamente por los intervinientes», ni que «se empleara engaño o se indujera a error».

Añaden que, a la vista de la situación accionarial en junio de 1992, FARUSA tenía una posición hegemónica, con independencia del paquete de acciones que le trasmitieron, y que, por tanto, Ruiz de Lopera no lo necesitaba para controlar la mayoría del club.

Portodo ello, deducen que Ruiz de Lopera «no necesitaba el contrato de junio de 1992 para llegar a la mayoría absoluta, pues le bastaban unos cuentos títulos». También niegan que el Betis quedara con dicha operación en situación de «autocartera, vulnerando la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas».