Salgado rectifica a Ocaña y garantiza el acuerdo de los funcionarios

«El acuerdo firmado se va a respetar absolutamente», afirmó ayer la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado. De esta manera, dejó claro que ni en 2010 ni en 2011 ni en 2012 las condiciones laborales de los 2,7 millones de empleados públicos se van a ver alteradas. Con sus palabras también rectificó a su secretario de Estado, Carlos Ocaña, quien el día anterior apostó por adaptar el acuerdo al delicado momento económico que atraviesa el país, a la vez que dejó entrever congelación salarial para ese colectivo de trabajadores en los dos próximos años.

Las declaraciones de Ocaña tuvieron bastante repercusión sobre todo porque cuestionaban un documento firmado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y los tres sindicatos más representativos del área CC OO, UGT y CSIF. Salgado, tras la primera reunión de la comisión nombrada por el Gobierno para luchar contra la crisis, explicó que «nuestro plan de estabilidad incluye una reducción del 4% del capítulo de gastos de personal de la administración pública, no de las retribuciones». «Esto quiere decir -continuó- que tendremos en cuenta la oferta de empleo público de cada año».

«Si no se cubriera ninguna plaza de las que quedan vacantes hasta 2013 habría un 7% de personas menos en la administración pública, pero estamos hablando de un porcentaje muy inferior y de nada que se refiera a las retribuciones», insistió. «En el marco de la racionalización de la administración pública se trata de un esfuerzo de eficiencia, autoridad y eficacia. Creemos que la oferta pública de empleo puede ser algo más reducida, incluso puede haber una tasa de reposición baja», añadió.

«El acuerdo se va a respetar al cien por cien», reiteró. Recordó que el pacto «dice bien» como se fijan las retribuciones en «el marco de una negociación con los representantes de los funcionarios» encaminada a la moderación salarial.