La pregunta

España en el peor diagnóstico y, sobre todo, el peor pronóstico económico de las grandes economías desarrolladas. El paro, en el entorno del 20% sin perspectiva ninguna de mejora hasta, al menos, 2012. El déficit público, en dos dígitos (11,4% del PIB) en 2009 y, según todas las previsiones salvo las del Gobierno, también en 2010. El PIB, que ha caído un 3,6% en 2009 es el único entre los países desarrollados que decrecerá en 2010. Por último, el 'stock' de deuda pública que llegará al 74,2% del PIB en 2012, más que duplicando el nivel que tenía en 2007 (36,2%). Este descarnado retrato en cuatro pinceladas resume lo esencial de lo que nos pasa, pero no explica por qué. Simplificando al máximo, diríamos que, en el origen, se han combinado las malformaciones domésticas de nuestra economía (burbuja inmobiliaria, pérdida de competitividad, excesivo apalancamiento financiero de familias y empresas) con los virus financieros y económicos que nos han llegado de fuera para formar la tormenta perfecta. Hasta aquí, probablemente, casi todos de acuerdo.

Ahora bien, el elemento diferencial que explica no ya el mal diagnóstico, sino el peor pronóstico tiene que ver, sobre todo, con la calidad de la respuesta política a la crisis. Y, evidentemente, los resultados hablan por sí solos. España se ha quedado atrás por no anticipar, por reaccionar tarde, por reaccionar poco, y por reaccionar mal. Se actuó con largueza electoralista (2.500 euros por nacimiento) cuando todo el mundo veía venir los nubarrones. Se actuó con imprevisión y torpeza, con la crisis ya encima de la cabeza, al aprobar la devolución fiscal de 400 euros con carácter universal, algo que no estimuló la demanda y sí provocó un considerable agujero fiscal. Se actuó con atolondramiento cuando se invirtió casi el 1% del PIB en el infausto Plan E que sirve sólo como cosmética temporal del desempleo y que no aporta nada duradero en términos de capital físico. Pero, con malo que sea lo anterior, lo que se ha hecho mal o a destiempo, lo más grave es lo que no se ha hecho: las reformas estructurales. Se ha rehusado hasta hace un cuarto de hora la reforma laboral. Tampoco se han abordado reformas de calado en la educación, energía, justicia, competencia, fiscalidad, y gasto público.

Ahora el Gobierno, acuciado por una realidad que ya no admite cinco minutos más de disimulo, necesita desesperadamente presentar un cuadro creíble de reformas. Las reformas necesarias son hoy más impopulares, y comportan mayores costes sociales que si se hubieran adoptado en su tiempo. Implican darle la vuelta como un calcetín al discurso que hasta ahora se ha mantenido. La pregunta es sencilla: ¿Resulta creíble que el Gobierno que ha vivido en la fantasía de la crisis indolora se disponga ahora a prescribir la cura de caballo que necesitamos? La respuesta, el miércoles en el Congreso.