La Junta ultima el amarre de la inversión privada en obras públicas

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía tiene previsto sacar en los próximos días, probablemente antes de que acabe el mes, la licitación de las que serán las primeras infraestructuras fruto de la colaboración público-privada de este departamento, una fórmula presentada por la Administración autonómica como la gran novedad en los Presupuestos de este año para contrarrestar los efectos de la crisis, paliando el déficit al tiempo que no se frena la obra pública. La viceconsejera de Obras Públicas, María Felicidad Montero, confirmó que se están perfilando ya los últimos flecos en las conversaciones que su departamento mantiene desde hace meses con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la banca para el pliego de condiciones de los dos primeros proyectos con los que su departamento estrenará esta fórmula: La ampliación de los puertos deportivos de Carboneras (en Almería), presupuestada en 40 millones de euros, y La Bajadilla de Marbella, en 52 millones. A continuación saldrá el de La Caleta de Vélez, cuyo coste es de 70 millones de euros, y más tarde los de Motril, Fuengirola y Málaga capital.

Son las primeras, pero no serán las únicas. La Consejería de Obras Públicas ha previsto que infraestructuras por importe de 4.500 millones de euros se puedan realizar hasta 2020 mediante la colaboración público privada. María Felicidad Montero explica que se trata de una manera de impulsar las obras públicas ya incluidas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad de Andalucía (PISTA), vigente hasta 2013, para que no se vean afectadas por la crisis.

Además de los puertos citados, Obras Públicas quiere utilizar esta práctica en obras viarias, como parte de la autovía del Olivar, la del Almanzora o del Mármol, la de Iznallor-Darro, la conexión metropolitana de Huelva con los puentes de Punta Umbría y la ronda norte de Córdoba, entre otras; en áreas logísticas, como la de Antequera y Algeciras; o en ferrocarriles, como el corredor ferroviario de la Costa del Sol, el metro de Granada en su fase de dotación de infraestructura y explotación. Si esta experiencia funciona, María Felicidad Montero añadió que se planteará también con el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Cada infraestructura tendrá un sistema de colaboración distinta, siempre mediante concesiones a largo plazo por parte de la Administración, en el caso de los puertos para la explotación de los mismos y en el de las carreteras para su conservación ya que, insiste la viceconsejera de Obras Públicas, la Junta descarta el peaje.

Montero reconoce que es difícil y complejo consensuar unas condiciones de licitación que «se ajusten a la realidad» en cuanto a los precios, se aseguren «las exigencias de calidad para el usuario» y se garanticen beneficios para las empresas que apuesten por la inversión. «Pero hay que dejar claro que la obra seguirá, se encuentre o no financiación privada, si sale, bien, la Junta no tendrá que adelantar el dinero, pero si no sale, nos ajustaremos y se seguirá realizando», insiste la viceconsejera.

En los puertos deportivos, la empresa adjudicataria de la obra tendrá derecho a la explotación comercial del recinto y de los atraques de barcos por al menos 30 años. El procedimiento concesionarial es tradicional en la gestión de los puertos y su rentabilidad ya se conoce, por lo que la viceconsejera admite que se ha elegido a los puertos «para abrir camino» en el nuevo modelo de hacer obra pública en Andalucía.

Desconfianza

Al menos una decena de empresas podrían estar interesadas en participar de esta primera experiencia en los puertos deportivos, según confirmó el presidente de la Cámara de Contratistas de Andalucía, Antonio Frade, interlocutor en representación de la CEA en las negociaciones con la Junta. De confirmarse este quórum podría considerarse un éxito el estreno de la Consejería de Obras Públicas en la colaboración público-privada. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Frade admite que la colaboración público-privada despierta gran interés en las empresas. «Es buena y tiene futuro, ayuda a la Administración a contar con infraestructuras en poco tiempo, sobre todo ahora con la crisis, y hay empresas en España con capacidad para hacerlo, sabemos hacerlo».

En el caso de los puertos se conoce su experiencia en cuanto a la gestión y de ahí, sugiere Frade, que resulten un tanto atractivas para las empresas pese a que ha costado acercar posturas respecto a la fórmula más rentable. Pero duda de que sea lo mismo para otras infraestructuras.

El representante de la CEA advierte de las grandes reticencias que existen en el empresariado ante esta iniciativa que les obliga a adelantar el dinero de la obra. «No nos engañemos, el empresario tiene muy claro que está para ganar dinero y si no está clara la rentabilidad del proyecto, los bancos no lo van a financiar».

El método que plantea Obras Públicas para la construcción de autovías es parecido: la licitación incluye la realización de la obra con dinero privado y una concesión a la misma empresa a largo plazo para la conservación de la carretaea, por donde recuperaría lo invertido.

Frade desvela la desconfianza y preocupación por que no se avanza en algo que llevan tiempo pidiendo a la Junta, que la convierta en «la tercera pata» de las negociaciones que mantiene ahora la Administración autonómica y los empresarios. El presidente de la Cámara de Contratistas reconoce las intensas conversaciones que Obras Públicas sostiene con las grandes entidades financieras, pero insiste en que la Junta debería apretar más las tuercas a los bancos para que garanticen la financiación de los proyectos que piensa acometer. Ve insuficiente el acuerdo de la Junta con varios bancos en noviembre.

«Nos interesa que esto salga, nos interesa trabajar, pero tiene que haber garantía de que sea rentable», insiste. También cree que no toda la obra pública puede hacerse por este sistema. «Es un negocio para pocas empresas y para pocos bancos, sólo los grandes, que cuentan con medios, pero tiene que seguir habiendo licitación pública, porque si no, se hundirían las pequeñas y medianas empresas».