Reformas económicas de ida y vuelta

«¿A qué juega el Gobierno?» Esta fue la frase más comentada ayer entre los grupos políticos y los agentes sociales después de conocer que el Ministerio de Economía y Hacienda se había visto obligado a corregir nuevos cambios sobre el futuro de las pensiones remitidos a Bruselas. Las modificaciones, sumadas al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, abordaban ampliar hasta 17 los años de cotización para acceder a la prestación mínima y calcular la cuantía de la pensión sobre los últimos 25 años laborales, en lugar de sobre los 15 actuales. Ambas variaciones figuraban en la «actualización del programa de estabilidad» enviado a la Comisión Europea.

A las pocas horas de hacerse público el documento en la página web del Ministerio, Economía comunicaba que había una corrección, dirigida a Bruselas, para «eliminar un ejemplo» que podía «inducir una interpretación errónea». El primer texto, además de los cambios, incluía una previsión de ahorro. «El recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030», reflejaba, palabras que en la rectificación desaparecieron. No obstante, la vicepresidenta segunda Elena Salgado -tras la rueda de prensa en la que presentó la propuesta del retraso de la edad de jubilación- ya apuntó como resultado de la iniciativa esa reducción de cuatro puntos, que es imposible se alcance con el solo paso del retiro de los 65 a los 67 años.

La redacción del nuevo párrafo quedó como sigue: «De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas (las reformas apuntadas) en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea».

Las críticas por la forma y el fondo de cómo el Gobierno trasladaba a Bruselas sus planes secretos no se hicieron esperar, pero fueron mucho más duras al conocerse la corrección. CC OO calificó al Gobierno de «grupo de aficionados a la política» y apeló a los «marcos de concertación social y debate políticos» como referencia donde «deberán analizarse y acordarse las reformas que necesita el sistema público de pensiones». Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, ya ha avisado de que la propuesta puede acabar en una protesta «pública, visible y masiva». Precisamente, hoy presidirá el primer acto de Comisiones contra el retraso de la jubilación. UGT hizo hincapié en su rechazo a «cualquier medida que reduzca la cuantía media de las pensiones y endurezca las condiciones de acceso». Confía en que el Parlamento no admita ningún recorte de la protección social.

Para el diputado popular, Tomás Burgos, la actuación del Gobierno «es un auténtico desbarajuste» y «me da la sensación -dijo- de que los cambios retirados están lejos de ser una improvisación». Gaspar Llamazares, de IU, apuntó que «el Gobierno carece de orientación y está sumido en un ataque de pánico, provocado por las opiniones de las instituciones internacionales».

Mucho más comprensiva se mostró, lógicamente, Isabel López i Chamosa, portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo. «Lo que se mandó a Bruselas era una proyección y no una propuesta. La cosa quedará como acuerdo el Parlamento», se limitó a resaltar. No obstante, su compañero Jesús Membrado, desde Zaragoza, lamentó que se esté «generando alarma social» y se haya abierto «una polémica sin base de discusión».

Los grupos de la comisión, por otra parte, acordaron solicitar la comparecencia de Salgado y del titular de Trabajo, Celestino Corbacho en el foro del Pacto de Toledo. En este sentido, Burgos lamentó que las intervenciones no sean inmediatas. «Acaso tienen que hacer algo más importante», se autopreguntó con ironía.