La Junta debe 500.000 euros a Los Barrios y Algeciras por la FPO

La formación aún trae de cabeza a la Consejería de Empleo que sigue desempolvando expedientes relativos a los cursos que han impartido tanto academias como instituciones y ayuntamientos. La fiscalización de esos documentos empieza a avanzar en el Campo de Gibraltar, una de las comarcas que mayor cantidad de fondos ha recibido para formar a los desempleados, logrando desatascar el trabajo relacionado con la oferta que impartieron los propios ayuntamientos. Sólo Algeciras y Los Barrios tienen expedientes de FPO abiertos y una deuda pendiente de cobrar de 486.120,70 euros, como ha reconocido el consejero José Sánchez Maldonado en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado popular Jacinto Muñoz.

Así lo recoge el Boletín del Parlamento de Andalucía del pasado miércoles, tras aclarar que ningún otro consistorio está a la espera del cobro por los cursos de formación. Si bien, la deuda no es nueva, algunas se remontan a 2010, como denunció en su momento el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce , quien exigió una mayor celeridad en el cobro. Entonces mencionó iniciativas como el taller ‘En el aire’, que los alumnos recibieron hace seis años, además de cuatro cursos de 2011 y otros dos programas de Andalucía Orienta relativos a 2013 y 2014. Todas ellas fueron financiadas con fondos que el Consistorio adelantó y que posteriormente tendrían que ser reembolsados por la administración.

En total, la Junta reconoce cinco expedientes que se encuentran en estudio y otros cuatro que están pendiente de iniciarlo. No será hasta final de año cuando se terminen estas labores.

El asunto de la formación aún tiene mucho recorrido en los despachos y en los tribunales de todas las provincias andaluzas, donde los casos continúan su instrucción. Fue el pasado mayo cuando la Consejería de Empleo hizo balance tras la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Parlamento Andaluz. Entonces se reconoció la existencia de más de 5.000 expedientes de cursos que no se habían revisado.

Tras esta ardua labor de control, la Consejería tiene previsto reclamar alrededor de 90 millones de euros de subvenciones a los beneficiarios que no han justificado de forma correcta las ayudas. De ese dinero, 51 millones contaban con un proceso de reintegro ya en marcha y el resto estaría pendiente de trámite.

Y en medio de este proceso, la administración trabaja ya con las primeras solicitudes para volver a impartir formación para el empleo. La orden fue publicada el pasado 4 de junio. Para no volver a repetir la nefasta experiencia, se han endurecido los requisitos limitando desde el sueldo que percibirán los formadores hasta el máximo de ayudas al que pueden aspirar las entidades. Igualmente se encomienda todo al sistema de concurso público, de manera que sindicatos y ayuntamientos tendrán que concurrir en igualdad de condiciones con los agentes privados por esos 142 millones que se han presupuestado para la FPO.