Carretero admite que creó un entramado societario dedicado a comprar y vender facturas falsas

Dicen los que conocen a Carlos Carretero que la ostentación que hizo de la fortuna que amasó fue lo que desató el principio del fin de todo lo que él mismo había ideado. La Agencia Tributaria sospechó que ese lujo que parecía repentino no correspondía demasiado con lo que cobraba un funcionario , exjefe de la Policía Local de Ubrique, al que no se le conocía otro trabajo remunerado por lo que decidieron tirar del hilo.

Las primeras pesquisas se centraron en una red de empresas, la mayoría tenían como razón social actividades relacionadas con la marroquinería. Sus cuentas tampoco cuadraban. A algunas de ellas se les podía asignar un volumen de ventas cuatro veces mayor que su registro de compras, que a veces era inexistente.

La investigación fue encontrando todas las piezas del puzzle y colocándolas para llegar a la conclusión de que esa estructura empresarial ficticia tenía como único objetivo facilitar facturas falsas a empresarios , de la Sierra y Jerez, para que lograran beneficios en las declaraciones del IVA y del Impuesto de Sociedades. Al frente de ese entramado, cuya investigación se denominó ‘operación Halcón’, estaba Carlos Carretero.

Dieciséis años después de esos hechos y tras ser juzgado y condenado a cuatro años de cárcel por la ‘operación Karlos’, este martes, el exjefe de Policía acudía puntual a su nueva cita con la Justicia. A las diez de la mañana y acompañado de su pareja, Elisa Calvente, también acusada como la «verdadera lugarteniente» de este entramado, entraban diligentes y sin mediar palabra con la prensa en la Audiencia Provincial con sede en Jerez. Lo hacían relativamente tranquilos, tal vez conscientes de que el pacto de conformidad estaba ya casi atado. Se sentaban en el banquillo junto a otros 17 procesados en la misma causa.

La vista comenzaba una media hora después. Tras plantearse las cuestiones previas se hacía un receso para que las partes también acordaran las posibles conformidades . Al regreso a la sala, el tribunal, presidido en esta causa por la magistrada Lourdes Marín, rechazaba las cuestiones planteadas por los letrados acerca de la vulneración del secreto de comunicaciones y del principio acusatorio, así como la indefensión alegada por dos abogados refiriéndose a los escasos medios con los que cuenta el turno de oficio, «estamos de acuerdo pero su solución no es materia de este tribunal», le replicaba la magistrada. Por contra, sí estimaban la cuestión relacionada con la «excepción de la cosa juzgada», en referencia a un acusado que ya había sido condenado por estos hechos y que en ese momento abandonaba aliviado la sala junto a su abogado.

A continuación, catorce de los dieciocho procesados aceptaban el acuerdo con el Ministerio Público mostrando su «conformidad» con las acusaciones del fiscal. Todos ellos sí respondieron a las preguntas del Ministerio Público y del Abogado del Estado pero no a las de las defensas. El primero en hacerlo fue Carlos Carretero , el considerado como cerebro de la trama. El expolicía admitía «en su totalidad» los tres delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo.