«Si en diez días no tenemos una casa tendremos que okupar otra»

Una cama extraña para dormir. Sin sus sábanas. Sin su almohada. Con la misma ropa que se pusieron a prisa y corriendo cuando la Policía Nacional llamó a la puerta de sus casas antes de las ocho de la mañana de un lunes negro. «Nos hemos quedado con lo puesto. No tenemos ni la ropa del colegio de los niños», explica Vanessa Vento, madre de dos pequeños de 8 y 6 años y que ya vivió la traumática experiencia de un desahucio hace apenas dos años. Ahora su pesadilla vuelve a repetirse.

«Sabíamos que esto iba a ocurrir, pero no tan pronto y sin avisarnos. A las siete y media de la mañana han llegado un montón de furgonetas de la policía para echarnos de nuestras casas.

No hacía falta que se hicieran las cosas así, nosotras mismas íbamos a dejar la finca», explica esta gaditana que llevaba viviendo dos años en el inmueble del que ha sido desalojada. «Una casa vacía de la que los dueños no se hacían cargo», añade.

«Ahora el Ayuntamiento nos garantiza un máximo de diez días en una pensión y nos da una lista de inmobilarias para que busquemos un alquiler. ¿Quién nos va a querer alquilar?¿De dónde saco el dinero? Está claro que si en diez días no tenemos casa no tendremos más remedio que okupar otra», comenta Vanessa, incapaz de encontrar explicación al trance por el que están pasando sus hijos y ella.

En idénticas circunstancias se encuentra Elisa Catalán, madre de un menor de solo dos años, que aseguraba entre lágrimas que «allí vivíamos personas con niños pequeños, no somos delincuentes, y en el juzgado no se nos ha querido escuchar».

Ella iba más allá y señalaba que «a los refugiados que están huyendo de la guerra les encuentran casa y un trabajo muy pronto, pero ¿a nosotras qué?, que vivimos en exclusión social y no tenemos nada». Su situación económica, bastante precaria, le hacen mirar al futuro con tremenda preocupación, pues sus únicos ingresos proceden de una ayuda de 426 euros que se le acabará en siete meses.

Tanto Vanessa como Elisa no han querido pisar la pensión en la que trataron de descansar anoche hasta última hora del día, intentando alejar a sus hijos de un lugar extraño el máximo tiempo posible. Cuatro paredes entre las que ya se encontraba desde horas antes Olga Toledano, la otra afectada por el desalojo.

Olga, natural de Punta Umbría, es una mujer con otra historia dura a sus espaldas. Víctima de violencia de género, se instaló en la finca de la calle San Juan hace apenas cuatro meses ante el impedimento de poder acceder a un alquiler. Ahora, al igual que sus vecinas, mira al horizonte con incertidumbre, sin saber donde podrá asentarse para seguir plantando cara a la vida.