Un particular ofrece en alquiler una vivienda a la familia desahuciada

La familia de Antonio Moreno y Ana Benítez, que fue desahuciada el pasado lunes de una de las fincas de la calle Benjumeda, podría encontrar al fin una solución. La ‘salida habitacional’ ha llegado de la mano de un ciudadano particular que ha ofrecido su vivienda en régimen de alquiler. Así lo confirmaron a este medio fuentes del nuevo equipo de Gobierno, tras precisar que «ha sido el propietario el que se puso ayer en contacto con miembros de la Corrala de la Bahía». Este colectivo, que okupa un edificio desde hace más de un año en la capital, lo comunicó de inmediato al Ayuntamiento de Cádiz para que se lo trasladara al matrimonio.

Las fuentes consultadas admitieron que «ha sido todo una sorpresa, porque ha llegado muy rápido».

También señalaron que está pendiente que el matrimonio confirme si aceptará ese inesperado ofrecimiento. Aclararon igualmente que ha partido del dueño de este piso ofrecer una renta baja para que puedan asumirla sin necesidad de recurrir a la ayuda pública. El Consistorio ya tiene en marcha una línea de emergencia que permite abonar hasta un 90% del alquiler en función de la capacidad económica de los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Es la que se ha venido ofreciendo desde hace varios años a la espera de que pueda asignarse una vivienda del parque público.

La pareja ya vivía de alquiler en uno de los bajos del número 35 de la calle Benjumeda. Ese ha sido su hogar en estos últimos treinta años durante los que venían pagando una renta antigua. Fue tras la rehabilitación de la finca que llevó a cabo la Junta en 2003 cuando las condiciones cambiaron y recibieron la notificación de que ese alquiler social dejaría de ser vitalicio y se mantendría solo diez años más. Pasado ese tiempo la propiedad decidió subir el precio, que pasó de los 150 a los 420 euros. Ya para entonces Antonio Moreno venía sufriendo las consecuencias de un cáncer que lo inhabilitó para trabajar. Sus únicos ingresos son los 350 euros de una pensión no contributiva que solo él percibe, razón que la familia alegó para no pagar la mensualidad desde hace dos años.

En todo este tiempo la propietaria no ha recibido ningún tipo de compensación económica y quería disponer de su vivienda. Fue por ese motivo que inició el proceso judicial que ha terminado en la orden de desahucio que fue ejecutada el pasado lunes. Ya con anterioridad se había concedido un aplazamiento para encontrar una salida a este matrimonio que ahora tiene a su alcance un nuevo hogar acorde a su situación económica.