La otra versión del desahucio en la patria de los asustaviejas

Resulta complicado justificar a un casero, a un propietario, en la ciudad que acuñó el término 'asustaviejas'. Los que responden a esa calificación son especuladores, usureros, dispuestos a cualquier recurso para expulsar a un arrendatario. Tienen como único objetivo conseguir más dinero con un nuevo ocupante, con otra renta, actualizada, incrementada, o a través de la venta. Siempre mediante reforma o reconstrucción de la finca. Han sido muchos los casos en los últimos 30 años y la generalización es difícil de frenar. El imaginario popular, escarmentado, dicta que todos los propietarios son malos, privilegiados, y todos los inquilinos son víctimas vulnerables.

Cualquier generalización lleva a errores. Sin repartir papeles de héroes y villanos, sin caer en el maniqueísmo, conviene escuchar las dos versiones de cada conflicto antes de formarse una opinión propia.

Puede que nadie tenga toda la razón ni sea posible achacar perversidad a ninguna de las partes. El caso del desahucio de la calle Benjumeda, que ha puesto a concejales de Cádiz en el trago de ser desalojados por la Policía a rastras, tiene otro punto de vista. Es el de la propiedad.

La dueña del piso es una viuda que no vive en Cádiz, es la única propietaria de una pequeña sociedad que cuenta con dos viviendas en el centro: la que se ha convertido este lunes en escenario del episodio y otra. Esta última no encuentra inquilinos. Siempre según fuentes oficiales de la propiedad, estos alquileres son la única fuente de ingresos de la octogenaria junto a una mínima pensión. Los representantes legales de la casera afirman que esta mujer tiene serios problemas de subsistencia económica.

El conflicto, aseguran, empezó en 2013. En agosto de aquel año expiró el contrato del alquiler de diez años por el que los inquilinos habían pagado unos 90 euros al mes. Tras una reforma del edificio (amparada por la Junta de Andalucía en 2003), las víctimas del desahucio de esta mañana vivieron en el piso durante esa década. Empezaron con esos 90 euros y acabaron pagando poco más de cien. Era una cantidad que podían permitirse. Al acabar el contrato, para renovar el alquiler, la propiedad pidió una cifra que ya rondaba los 400 euros al mes. La pareja de ocupantes (sus representantes niegan que la menor de 16 años viva en el piso con sus padres) rechazó la subida. Hubo negociaciones, discusiones, regateo, pero sin acuerdo. Que no podían pagar ni 400 ni 300, que querían seguir con los ciento y poco euros al mes como alquiler.

El desencuentro acabó en los tribunales. En otoño de aquel 2013, ante la imposibilidad de encontrar un entendimiento, la representación de la propiedad decidió denunciar. «El inquilino llegó a presentarse en el juicio sin procurador ni abogado. Fue en solitario a exponer sus argumentos», aseguran los representantes legales. El tribunal decidió, tomó partido y dictó que los ocupantes debían salir de la casa. Durante todo ese periodo, desde agosto de 2013 hasta este recién comenzado verano, dos años completos, la casera no ha recibido ni un solo euro por el alquiler, ni la cantidad antigua, ni la nueva, ni una intermedia, nada.

Para completar el cuadro de las dificultades, la viuda dueña del piso está bajo tratamiento por una grave enfermedad, al igual que el varón de la pareja desahuciada este lunes. Es decir, afirman sus representantes, los problemas de salud son comunes a ambas partes en litigio.

Estos portavoces de la propietaria aseguran entender «que se busque una solución» para que los desahuciados tengan un techo pero recuerdan que los intereses de su clienta son «comprensibles y legítimos, necesita el dinero, lo está pasando mal, no logra vender y son dos años sin recibir nada de ese alquiler». Los representantes de la casera negociaron tanto con el alcalde de Cádiz como con el concejal David Navarro. Aseguran que celebrarían que la pareja desalojada pudiera acceder a una vivienda social una vez que se considere que su situación es de emergencia pero, obviamente, matizan que no pueden «entrar en esa gestión, que es posterior y corresponde a los servicios sociales. Nuestro trabajo es defender los legítimos intereses de nuestra representada».

Como añadido, aseguran que la pareja desalojada este lunes recibió ayudas económicas del anterior equipo de gobierno, que cifran en 600 euros, para que pudiera saldar parte de la deuda y retrasar o evitar el desahucio. «Sin embargo, la propietaria no recibió nada de ese dinero, no sabemos cómo se gastó ni nos importa pero el caso se ha prolongado durante dos años para perjuicio de la propietaria».

Puede que sigan sin aparecer los buenos ni los malos, siguen sin ser fáciles las soluciones y siempre será prioridad proteger a dos personas del desamparo. Simplemente, se trataba de escuchar a la otra parte antes de repartir papeles.

FOTOS: El Ayuntamiento no logra impedir el desahucio de una familia en la calle Benjumeda