El exconsejero imputado Ángel Ojeda se escudó en «discapacitados» para captar millonarias subvenciones

El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, el jerezano Ángel Ojeda, no reparó en argumentos para registrar sus sociedades, con las que habría conseguido hasta 50 millones de euros en ayudas para cursos de formación, ahora bajo sospecha, a parados de larga duración. Así se desprende del acta fundacional de una de las asociaciones que el socialista, ahora imputado por cuatro delitos, registró en la administración y a la que, como documento público, ha tenido acceso LA VOZ de Cádiz. Según ese registro oficial, con fecha del 18 de noviembre de 2007, una de las entidades usadas por Ojeda, llamada Humanitas, fue registrada como una ONG, sin ánimo de lucro y con una llamativa retahíla de propósitos directos. Entre ellos, aparecen en ese texto la «defensa y difusión de los derechos y deberes sociales, laborales y de cualquier otra índole de personas inmigrantes, discapacitadas o dependientes».

Además de ampararse en esos colectivos, el acta fundacional de Humanitas recogía intenciones como «promocionar programas dirigidos a la creación y/o mantenimiento de empleo para estas personas y mejorar sus condiciones de trabajo». Estas intenciones oficiales, convertidas en obligaciones bajo firma, contrastan con las conclusiones de la Policía Nacional, que tras las denuncias de varios docentes de cursos de formación y meses de investigación comunicó a la Justicia que esas clases eran «ficticias» y que se habían vulnerado los derechos laborales tanto de profesores como de alumnos.

Entre los objetivos de Humanitas también aparecía «promover y desarrollar programas de educación y formación profesional en general, así con la enseñanza y aprendizaje del idioma español», sin que conste la ejecución de ninguno de estos propósitos entre la fundación (2007) y la detención del exconsejero (agosto de 2014).

Como firmantes y constituyentes de la entidad Humanitas aparecen tanto el propio Ángel Ojeda Avilés como su hijo Marcos Ojeda Medina (también detenido el pasado 4 de agosto) y Rosa María Tejero Mateo.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) está desde esta semana en manos de la jueza Mercedes Alaya, después de que se haya inhibido el magistrado gaditano López Marchena, el primero que entendió de la causa, procedió a las detenciones y a los primeros interrogatorios. Ya desde julio, un auto de la jueza Mercedes Alaya confirmaba que se había interesado en algunas de las empresas de Ojeda dentro de las diligencias que acaba de abrir para indagar en las ayudas que otorgó la administración andaluza para la realización de cursos dentro del capítulo de la formación profesional ocupacional.

Pero meses antes de todos estos acontecimientos, algunas de las sociedades que forman parte del entramado empresarial, ahora bajo sospecha, ya fueron objeto de denuncias, quejas, sentencias en contra, avisos por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social e incluso epicentro de una investigación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por malas prácticas. Una sucesión de hechos ocurridos entre 2008 y hasta 2011 (fecha de la última resolución de la Comisión) que no fue óbice para que el grupo de empresas y fundaciones del exconsejero obtuvieran entre 2008 y 2012 48,4 millones de euros sólo en subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía. Humanitas fue constituida, según la documentación oficial y pública a la que ha tenido acceso LAVOZ, un año antes de las primeras advertencias policiales o institucionales, en 2007.

Antes de que la Junta de Andalucía aprobara la orden que regulaba la concesión de subvenciones para la formación ocupacional en octubre de 2009, Ojeda Avilés ya arrastraba experiencia en el negocio de los cursos.

Una de las empresas que los impartían era Humanitas, presentada ante el registro de la administración autonómica como una ONG aunque la Policía la define como un «muy lucrativo negocio».

Esta sociedad, como otras de Ángel Ojeda Avilés, ya fueron denunciadas por empresarios y autónomos, quienes relataban cómo habían sido víctimas de amenazas y presiones para que contrataran acciones formativas si no querían ser sancionados por incumplimiento legal. Todo, a pesar de estar constituida con fines solidarios, humanitarios.

Advertencias

La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) que representa a empresas especializadas en la prevención laboral recogió todas estas denuncias y elevó una denuncia por conductas prohibidas a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que abrió un expediente en 2010 contra Humanitas, entre otras tres asociaciones más.

Muchos de estos pleitos fueron ganados. A finales de 2011, un juez de Cáceres, ante la reiteración de casos, puso en conocimiento de la Fiscalía que se podría estar perpetrando una estafa masiva. El magistrado del número 5 de Instrucción de la ciudad extremeña había absuelto a una pequeña empresaria a la que le habían reclamado 210 euros por una formación que no había contratado. Su testimonio era similar al que ofrecerían después, en Algeciras o Chiclana, otros docentes afectados.

Esa denuncia del juez tampoco prosperó y no se realizó ninguna actuación judicial contra las empresas de Ojeda que siguieron participando con éxito en las convocatorias de reparto de subvenciones. Una lluvia de millones que la Junta otorgó a partir de 2009 para la formación ocupacional.