Amnistía fiscal

E l último Consejo de Ministros ha concedido la tercera amnistía fiscal desde la Constitución de 1.978, a través de un decreto-ley que acompañará a los Presupuestos para 2.012. Las dos primeras se produjeron hace más de 20 años, en las primeras legislaturas de la democracia, en 1984 a iniciativa de Boyer y en 1.991 a iniciativa de Solchaga. En 2.010 hubo otro intento, pero el principal partido en la oposición, hoy en el Gobierno, se opuso por ser una medida injusta que castigaba al que cumplía con sus obligaciones tributarias y favorecía al que defraudaba. La recaudación que se pretende conseguir es de 2.500 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que prevé dejar de recaudar por la rebaja del objetivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Una de las primeras medidas que tomó el actual Gobierno fue descabezar la cúpula de la ONIF, que en esos momentos estaba investigando la trama Gürtel, el instituto Noos dentro del caso Palma Arena y Afinsa, para colocar como número dos a Pilar Valiente, que ya dimitió en su día de la CNM, a consecuencia de Gescartera. Esta oficina evitó más de 10.000 millones de euros de fraude fiscal en 2.011 y ahora el objetivo, con la nueva dirección se ha reducido a unos 8.000 millones. Ante esto, parece que la lucha contra el fraude no es una de las mayores prioridades del Gobierno, por mucho que el Gobierno prometa que después de Semana Santa presentará un plan para atajar esta sangría. Al contrario, cada vez que se produce una amnistía fiscal el defraudador recibe un mensaje claro de que le ha merecido la pena defraudar, pues su objetivo se ha cumplido al tener que pagar bastante menos que el que cumple, y, así mismo, se crean unas nuevas expectativas para ulteriores amnistías fiscales. También desanima a los que son escrupulosos con sus deberes fiscales que, como premio al cumplimiento de sus obligaciones, resultan tremendamente maltratados y bastante más penalizados, pues su tipo de gravamen es muy superior a ese diez por ciento que aplicarán a los defraudadores. Simplemente con prohibir las transacciones en efectivo de cierto importe y aumentar los años de prescripción de los delitos fiscales se recaudaría mayor cantidad.