Hay partido: voluntad de futuro y vocación de Gobierno

A una semana de que se celebre el debate de la investidura de Rajoy como Presidente del Gobierno de España, el PSOE se enfrenta a un escenario político difícil, en el que tiene que asimilar la derrota electoral a partir de una reflexión profunda y de un debate riguroso sobre las causas, que van mas allá de la crisis económica, aunque esta sea uno de los elementos claves para explicar los malos resultados cosechados.

Más que ganar el PP, que apenas incrementa sus fieles votantes, pierde el PSOE (4.200.000 votos en España, 700.000 en Andalucía) que dispersa sus apoyos entre la abstención y el trasvase a multitud de partidos. La crisis económica y el desempleo han exigido tomar decisiones difíciles, en clara contradicción con los valores de la izquierda, que han afectado al electorado socialista. El PSOE ha hecho un discurso a la defensiva, en el que sigue prevaleciendo el miedo a la derecha, en una campaña electoral calificada como envejecida y masculina.

Recuperar la confianza de los propios debe ser el objetivo inmediato de los socialistas, con un discurso en el que junto a la protección social, prevalezca la prioridad del empleo, la atención a los emprendedores, el fomento de la cultura del esfuerzo y del trabajo, junto al máximo rigor en los comportamientos políticos y en la aplicación de los códigos de conducta coherentes con la defensa de la política.

La defensa del Estado de Bienestar, de lo público, aunque sea imprescindible en el discurso socialista, no parece suficiente a tenor de los resultados. El miedo a la derecha es un recurso agotado para muchos ciudadanos que sólo han conocido gobiernos socialistas la mayor parte de sus vidas.

Aquellos que defienden la dignidad de la política y mantienen que 'no todos somos iguales', deberían de renunciar a exigir un trato igual del electorado, asumiendo que ni son los mismos ciudadanos, ni tienen las mismas expectativas de la política y de lo público. No se dan los mismos niveles de exigencia ante la corrupción entre los votantes conservadores y los progresistas.

Ante la derrota, lo más útil es pasar página, evitar ensimismarse en el lavado de las heridas electorales, asumiendo que las conclusiones del debate interno y público sólo serán creíbles cuando se transformen en hechos contrastables, porque lo que esperan los votantes que han dejado de confiar en el PSOE, son cambios en los discursos, los comportamientos, las formas, los programas y las personas. Los ciudadanos exigen coherencia entre los discursos y los actos, entre el modelo social y el funcionamiento de los partidos. El vértigo ante el cambio responde más a la defensa de estatus personales que al interés general.

La izquierda no puede perder sus señas de identidad, aquellas que la definen y le otorgan la legitimidad de origen, memoria histórica y enraizamiento intergeneracional. En ese marco de referencia, el punto de partida de cualquier proyecto progresista que pretenda ser mayoritario, que tenga voluntad de futuro y vocación de gobierno, debe reinventarse continuamente, adaptarse a las demandas del presente evitando los bandazos y el inmovilismo.

El PSOE no puede pasar de puntillas por el próximo congreso federal, especialmente desde Andalucía, porque el éxito de la cita es la primera condición para el triunfo en las próximas elecciones autonómicas. Es la hora de los militantes, que deben decidir libremente y desde la responsabilidad a quien quieren apoyar, sin aceptar el chantaje interesado de quienes identifican unidad con uniformidad.

Frente a la tozudez de las encuestas, nunca inocentes ni definitivas, está la realidad de las urnas que siempre han rebajado las diferencias de las predicciones. Cuando el PSOE ha logrado mantener un apoyo electoral superior al 36% en el peor de los escenarios políticos, hay que concluir que hay partido en el próximo compromiso de las elecciones andaluzas.

En la misma medida que Andalucía vertebra a España y ha sido garantía de igualdad en la implantación del Estado de las Autonomías, los gobiernos socialistas andaluces han sido y son la referencia de izquierda frente a los gobiernos conservadores de otras comunidades y de todo el país.

Con los gobiernos socialistas Andalucía ha logrado notables avances en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y en los equipamientos, en la consolidación de servicios públicos de excelencia, especialmente en educación, salud y dependencia, en la articulación de una economía competitiva y con capacidad exportadora, en la que sobresalen un sector agroindustrial de excelencia y una oferta turística diversificada y de calidad.

Andalucía está a la vanguardia en la aplicación de medidas para mejorar la calidad de la democracia: escaño 110 para mejorar la participación política, transparencia en relación con las retribuciones, los bienes e intereses de los parlamentarios, nombramiento del Director de la RTVA por el Parlamento, régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, etc.

A pesar de la crisis, la Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto para 2012 que marca la diferente con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. En materia de ingresos, exige el compromiso de las rentas más altas y apuesta por el endeudamiento, porque logró superávit en los años de crecimiento y porque está por debajo de la media en déficit y deuda pública. En relación con el gasto sube la partida destinada a la educación, se mantiene la de salud y la dependencia, se reduce la inversión pública en infraestructuras aunque sigue estando por encima de la media y se compromete con la creación de empleo, destinando más de 1000 millones de euros para financiar proyectos empresariales.

Andalucía ofrece y exige colaboración al Gobierno de España, como ha venido haciéndolo hasta ahora con los ejecutivos conservadores y socialistas. La Junta de Andalucía demanda planes especiales de fomento del empleo, financiación de la dependencia en función de las personas atendidas, la misma capacidad de endeudamiento para todas las CCAA y cumplimiento del Estatuto con el 17,8% de las inversiones estatales en infraestructuras.