ZP, «riesgo país»

Transparencia, raciocinio y método. Tres elementos para entender que la política deja de ser obra de titiriteros e intentar hacer posible lo imposible. Nada mejor que toparse con la realidad, aceptarla y tomar las decisiones apropiadas. Pero cuando los «cables» definen al presidente del Gobierno como izquierdista trasnochado y romántico, echémonos a temblar. Temblando sigo cuando esta misma semana aparece como un moderno y desacomplejado liberal, paradigma del «neocom», como dirían aquellos que se agrupan en la rancia izquierda.

Doscientos ochenta y seis puntos básicos sobre el bono alemán, es el sobrecoste de nuestra deuda. Atribuible a la errática política económica seguida por ZP, presidente de derecho, que no de hecho. En mayo perdió la púrpura del poder económico, que le viene impuesto desde fuera. Después del último cambio de gobierno, se ha resignado a ponerse bajo la batuta de Rubalcaba. Si no fuera porque nos va la vida en ello, la situación podría ser descrita como de auténtico chiste. Su ubicación para la posteridad serían los libros de Walt Disney y Pulgarcito. Así serán reconocidos por los historiadores, Bambi y Carpanta. Sus propios compañeros de partido así lo califican.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del viernes un nuevo paquete de medidas contra la crisis económica, que hacen el número dieciséis, todas ellas en esta legislatura. En la anterior no se tomaron ninguna al respecto. Todo lo contrario. Se negó la crisis hasta la saciedad y la única política era la del derroche y el aumento sin cesar del gasto público. Ahora y después de la reunión con los empresarios, se ha anunciado la enésima reforma. Sin duda, esta es coherente y apropiada con la situación. Desde la ortodoxia económica occidental, es adecuada. Externalizan al menos en apariencia la liberalización de la economía, las privatizaciones y la disminución de la intervención del Estado. No son suficientes para que supongan un auténtico punto de inflexión en el devenir de la situación económica del país, pero pueden ser consideradas en la línea que se precisa para transmitir la confianza necesaria que la situación requiere.

Confianza, concepto anhelado por la situación de desesperanza que impregna al país y que lo tiene sumido en la crisis más profunda que jamás imaginásemos. Cuando la ministra de Economía manifiesta que los ataques de los especuladores se dirigen contra el euro y no contra España, intenta pasar de puntillas, no explicando la situación. Los llamados «especuladores», no son más que los ahorros de las familias y empresas gestionados por fondos de inversión, que intentan administrar y rentabilizar los mismos. Como quiera que España se ha ganado a pulso el descrédito económico, los también llamados «mercados» intentan rentabilizar la situación de debilidad de ciertas economías, incluida España, y obtener mayores utilidades a las transacciones financieras en la compra de deuda soberana.

Dentro del paquete de medidas, creo conveniente referirme a dos. Las privatizaciones y la desaparición del subsidio extraordinario. La primera aunque parcial, espero que suponga el inicio de una nueva concepción sobre la dimensión de las administraciones y del sector público. No tiene ningún sentido la existencia de un sector público empresarial. Tan es así que hay un dicho que dice que «la mejor empresa pública es la que no existe». De ahí que no sea entendible la operación de la Junta de Andalucía a estas alturas, pretendiendo integrar el sector público empresarial andaluz, como parte integrante de la propia Administración, a través de la creación de un sistema de agencias. Mayor aberración no cabe y a las pruebas me remito. Una cosa es la titularidad de ciertos servicios públicos y otra bien distinta, quién los gestiona. El paradigma de la catastrófica gestión de lo público es AENA y dentro de ella, su sección de «controladores aéreos». Pero no sólo el problema de las ineficiencias de gestión se circunscribe a ésta. Ahí tenemos Puertos del Estado y las sociedades de estibas, con una problemática de conformación de la masa salarial de sus integrantes similar a aquellos. Existen muchos más casos. Reducir el tamaño de las administraciones es una prioridad. El estatus funcionarial debiera reservarse a aquellos que encarnan órganos que detentan «autoritas». Las administraciones debieran tener como únicos objetivos, servir con objetividad los intereses generales, sobre la base de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión. A colación con la prestación de servicios públicos y con el ojo puesto en el cierre del espacio aéreo. Si el Gobierno no se atreve a promulgar una Ley de Huelga, para no sufrir más tensiones con su sindicato hermano, debiera consensuar con la oposición una Ley de Prestación de Servicios Públicos, en la que se debieran incluir todo tipo de prestación de servicios públicos, con independencia de la forma pública o privada con la que se gestionan en última instancia los mismos. En todas las situaciones conflictivas relacionadas con ellos, el ciudadano termina siendo rehén del problema y su solución pasa por la imputación al sufrido contribuyente de mayores impuestos o tasas, atribuyéndosele a su condición de rehén de la situación, la de «pagador». Siempre se dilucidan en los conflictos sociales cuestiones atinentes a la productividad del factor trabajo, que se reconducen la inmensa mayoría de las veces con el salario o la jornada de trabajo, ambas valorables en dinero.

En segundo lugar, la minoración del gasto público exige reconsiderar el gasto en prestaciones públicas. El Gobierno ha comenzado por la retirada de ese especialísimo subsidio, creado ex profeso para paliar los problemas de desempleo y agotamiento de las prestaciones ordinarias de desempleo. Sin duda, los recortes son necesarios en todos los ámbitos y también en éste. Pero ahora, es necesario exigirle al Gobierno la reforma inmediata de la negociación colectiva. Es esta en su concepción actual, la que impide la creación de empleo. La teoría económica al respecto es clara. Los convenios colectivos de ámbito superior al de la empresa, impiden la entrada en el sector a nuevas empresas, que no pueden asumir los niveles de «precios» de ciertos factores de producción impuestos por mor del convenio. Esto se produce cuando las masas salariales recogidas en las tablas salariales se sitúan por encima del nivel de equilibrio de los mercados competitivos. Ello tiene como consecuencia inmediata la reducción de la cantidad demandada de trabajo, produciéndose desempleo en el sector artificialmente. La asignación resultante del trabajo es ineficiente y poco equitativa. Unos trabajadores, los que están empleados en el sector, se benefician a expensas de otros, los que queriendo no pueden trabajar en el mismo.