Otra vez San Ginés
ABOGADO Actualizado: GuardarNo invoco al oriundo de Arlés, también conocido como de la Jara, me refiero al montepío que llevaba su nombre y que complementaba la acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores del Marco de Jerez, incluidos en el convenio colectivo de industrias vitivinícolas. En vida del santo, se había declarado una grave epidemia en la ciudad de Cartagena y el Ayuntamiento imploró la clemencia de la ciudad a su patrón. Como no se sabía quién podría ser, por sorteo salió elegido San Ginés, a quien los cartageneros lo aclamaron como suyo. Se convirtió en abogado ante todo mal y los vinateros lo nombraron también patrón. No sólo era considerado protector de las labores del campo, sino que los navegantes también se encomendaban a él. Corrían los siglos IX y X. La protección ciudadana ante las catástrofes y las adversidades cotidianas se solucionaban implorando la clemencia de los santos. En realidad la ciudadanía se encontraba en la absoluta desprotección ante el infortunio. Tuvo que ocurrir un hecho fundamental en la historia de la humanidad que supusiera un punto de inflexión. En el siglo XVIII tenía lugar la Revolución Industrial y con ella aparecía un incipiente capitalismo. Eran los prolegómenos de un peculiar sistema económico fundado en el capital, como relación social básica de producción. El Occidente lo acoge desde entonces y es signo de crecimiento y bienestar económico. Los individuos y las empresas, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios, con el doble propósito de producir y acumular ganancias y otros beneficios en interés propio. Maduro el sistema a finales del siglo XIX, se daban las condiciones para el nacimiento de los Seguros Sociales.
Las mejoras en las condiciones de vida, auspiciadas por el capitalismo se califican por sí solas como extraordinarias. En el terreno social, sin duda la más importante, la instauración de los Seguros Sociales. En el corazón de Europa e impulsadas por el Canciller alemán Otto Von Bismarck, son refrendadas tres leyes sociales, que representan hasta hoy, la base del Sistema de Seguridad Social Universal: Seguro contra Enfermedad (1883), Seguro contra Accidentes de Trabajo (1884) y Seguro contra la Invalidez y la Vejez (1889). Pronto, el modelo era exportado al resto de países europeos. Se implantaba de esta forma un sistema de protección social mediante la técnica de la multiplicidad de seguros sociales. Se había creado el germen de la moderna Seguridad Social, que se implanta como consecuencia del llamado informe Beveridge, dado en Inglaterra en 1942. Se enfatizaba entonces la sistemática de la protección social sobre la base de la universalización de la misma y su gestión pública. El devenir del tiempo, exige reformas en los modelos actuales, ya que las condiciones en las que se diseñaron los mismos y las actualmente existentes, han cambiado ostensiblemente.
En 1900 se promulgaba la Ley de Accidentes de Trabajo en España y con ella nacía el sistema español de Seguros Sociales. La gestión se encomendó a las propias empresas en régimen de auto aseguramiento, a compañías de seguros y a entidades integrantes del asociacionismo empresarial. De esta guisa nacían las primeras mutuas de accidentes de trabajo. En 1963 y con la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social, se diseñaba el actual sistema español de Seguridad Social. Su caracterización económico-financiera se sustenta en los siguientes principios: ausencia de ánimo de lucro en la gestión, la conversión de las mutuas, que pasan de ser gestoras, a colaboradoras en la gestión y la implantación del sistema financiero de reparto, sólo atemperado por una exigua capitalización, cuando son las mutuas las responsables de de asumir el coste de la contingencia protegida, capitalizando el mismo ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Con estas alforjas y con una más que adversa evolución demográfica, lo caminado hasta hoy, será impracticable en el futuro. La pretensión presente de reforma, es un nuevo parche. Necesario en estos momentos, pero insuficiente en su proyección futura. Ahora basta con asumir el compromiso de reforma del sistema de pensiones públicas. El gobierno propone tres cosas: 1º. Fijar la edad de 67 años, como la determinante del hecho causante de la pensión de jubilación; 2º. Incrementar de quince a veinticinco el período de cotización para el cálculo de la base de la prestación; 3º. Establecer en dieciocho años el período mínimo de alta para acceder a la prestación.
Sin embargo, la solución real supone una reforma más profunda, que pasa por incluir, junto al sistema financiero de reparto, el de capitalización. El análisis puramente económico de la cuestión es quizás la más descriptiva. En los países occidentales, en los que impera el sistema capitalista sobre la base del mercado, es el único que hasta la fecha ha permitido a los ciudadanos, producir rentas por encima de sus reales necesidades de consumo presentes y utilizar la diferencia a cubrir eventuales necesidades para cuando uno se ve imposibilitado de producir. De ahí la estructura de la escala salarial, compuesta de salarios ordinarios y salarios diferidos. Con estos, bien podemos conformar un sistema financiero de capitalización, de reparto o uno de carácter híbrido, que partiendo del de reparto hoy existente, alcance en un cuarto de siglo uno que se asemeje al existente en Suecia, que compatibiliza ambos sistema. Así, la estructura de la pensión de jubilación estaría conformada por una pensión mínima con cuantía determinada por pertenencia a un determinado grupo de cotización, sobre la base ésta de un sistema financiero de reparto y una pensión que complemente aquella, cuya cuantía se conforme mediante un sistema financiero de capitalización, que de titularidad pública, que pueda ser gestionado de forma privada o pública indistintamente.
O nos concienciamos de verdad del problema que hoy padecemos con nuestro sistema de pensiones, o se repetirá lo acontecido al final de la década de los años ochenta con el Montepío San Ginés de la Jara, que sólo sobrevivió algo más de veinte años, precisamente por la presión que sobre el mismo comenzó a ejercer la pirámide poblacional del sector de la vid en el Marco de jerez. Y como no, la Junta de Andalucía tuvo que rescatar con más de 10.000 millones de pesetas el mismo. La Administración autonómica hizo una vez más lo que mejor sabe hacer, subvencionar o rescatar en este caso, para solventar el problema de unos pocos, utilizando para ello el dinero de todos. Poco edificante, ¿no les parece?