Denostada administración pública

Denostada y abrumadoramente sindicalizada, ése es el diagnóstico sintético del sector público español. Todo el mundo lo piensa y casi nadie lo dice, por eso de lo políticamente correcto. Hagamos pues un acto de servicio a España diciendo lo que pensamos, políticamente incorrecto por descontado. La forma de realizar la actividad sindical en la Función Pública desde la Transición hasta nuestros días, son parte y origen del problema que subyace en la misma.

Tan es así, que el propio fenómeno pone en entredicho el devenir futuro de la actividad pública. El cúmulo de normas de origen legal y convencional, que vienen exigiendo los sindicatos y sobre las que tienen una influencia desproporcionada e innecesaria, normalmente por dejación de los gestores públicos, que no se enfrentan a los problemas, supone a la postre la creación de disfuncionalidades perniciosas para el correcto funcionamiento de la Función Pública en particular y del Sector Público en general. Analicemos ahora la problemática de funcionamiento de la primera. A) Las garantías laborales diseñadas legalmente para los que desempeñan órganos que detentan poderes del Estado y sobre los que pesa la consideración de autoridad pública, han sido extendida al resto de empleados públicos de forma innecesaria e injustificada, ya que contravienen el sentido propio por las que se crean. B) Se ha articulado una ingente normativa que imposibilita la adecuada gestión de los recursos humanos.

La rigidez y las limitaciones impuestas, pensadas en principio para los que ostentan la condición de autoridad pública y cuyas funciones están predeterminadas en la Ley, no sólo como garantías de los que las ejercen, sino fundamentalmente de los administrados que los padecen.

Para el resto de servidores públicos, la introducción legal o convencional de elementos de rigidez en la gestión, tales como la movilidad funcional, la definición del componente funcional anejo a las distintas categorías, la promoción profesional basado en razones de antigüedad o de permanencia sin más en los distintos puestos de trabajo o la imposibilidad automática de adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas circunstancias, no hacen sino dificultar o mejor dicho imposibilitar, la aplicación de la racionalidad y la eficiencia en la gestión del personal en las Administraciones Públicas.

C) La cuestión remuneratoria es quizás de las más peculiares y dignas de exhaustivo análisis. Se da en la práctica real un desfase insalvable en la cuantificación de los salarios correspondientes a las distintas categorías profesionales públicas con relación a las de mercados de referencia. Curiosamente y con ello rompo el mito del mileurista público, se produce una evidente inflación de costes, desde la óptica salarial en las categorías de menor cualificación profesional.

Precisamente por ser ellas las más sindicalizadas, son las que a lo largo de estos cuarenta años, las que provocan esas brechas salariales más grandes, con las masas salariales correspondientes a similares categorías profesionales afectas a sectores privados. Sólo hay que cotejar los distintos convenios colectivos para aseverar esta afirmación. A sensu contrario, cuanto mayor responsabilidad y correspondiente mayor cualificación, el sector privado retribuye más y mejor en condiciones similares. D) La jornada de trabajo. Este punto junto con el anterior, determinan el índice de productividad del factor trabajo con presencia pública, que presenta un índice insostenible.

Las progresivas reducciones legales de las jornadas públicas, sobre la jornada existente con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y en particular con la jornada dispuestas a los funcionarios en otros países del entorno, imposibilitan un funcionamiento más eficiente y eficaz, que nos acerquen a patrones europeos. A colación con esto, sólo un apunte de lo que no debe ser.

La Junta de Andalucía, redujo en su día la jornada a treinta y cinco horas semanales, impulsando a que las empresas siguieran su política. No contento con ello, diseñó un sistema de compensación vía subvenciones públicas, como no, no podía ser de otra forma, porque supongo no saben gobernar sin hacer un mal uso de ese fácil recurso, compensando como digo las pérdidas de productividad y consiguiente competitividad que la medida producía.

Pues bien, una vez más, aquellos sectores muy sindicalizados como son los concesionarios de servicios públicos, los únicos que entraron por la incalificable medida, dicho en términos de racionalidad y eficiencia económica. ¿Y por qué fue así? La respuesta se antoja fácil, las Administraciones de toda índole modificaban los pliegos de condiciones, imputando mayores costes por la prestación de servicios y exigiendo mayores tasas por la prestación del servicio. Lógicamente esto no era aplicable a las empresas que actúan en el mercado, porque el precio de sus productos o el de la prestación de sus servicios serían directamente rechazados por el mercado. pasado ese lapso de tiempo que son cuatro años, como no es su gestión, ni le importa, ni le preocupa, porque como decía la insigne ministra, «qué más da, si es público.y lo público no es de nadie»

La Administración española necesita gestores que arreglen todo este entuerto. Personas arriesgadas, que se avíen con dinero escaso para la gestión, con previsibles sin sabores, sabiendo que serán vilipendiados por los que se oponen al cambio y en el corto plazo, ni serán vitoreados ni recibirán honores. Los frutos de su gestión deben trascender al de la contienda electoral. ¿Quién se atreve a tan intrépida aventura?