El déficit desbocado fuerza al Gobierno a un drástico ajuste del gasto

Dice el refrán que ahorrar no es sólo guardar, sino saber gastar. Una máxima que deberá aplicar a fondo de aquí a 2013 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer al fin puso todas las cartas boca arriba y anunció medidas concretas para acotar un déficit público desbocado que ha hecho sonar las alarmas en el Gabinete. El desfase entre ingresos y gastos de las administraciones públicas escaló en 2009 al 11,4% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos provisionales de que dispone el Ministerio de Economía, coincidentes con las previsiones más pesimistas para la economía española formuladas por los expertos.

La magnitud de los números rojos deja pocas opciones al Ejecutivo socialista, que mantiene su promesa de reconducir el déficit de aquí a 2013 por debajo del techo del 3% que establece el pacto europeo de estabilidad y crecimiento.

Hay que recortar gastos, pero ya no basta con sustraer pequeñas partidas de aquí y de allá al presupuesto. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, entiende que es hora de adoptar decisiones drásticas, por lo que ayer sometió al examen del Consejo de Ministros un plan de austeridad con el que pretende reducir en cuatro años casi 50.000 millones de euros de gasto en todas las administraciones, de los que casi 40.000 millones son recortes en el presupuesto de la Administración General del Estado.

Todos los departamentos

La responsable de Economía explicó que es un plan «exigente» y que afectará a todos los departamentos y políticas. Solo escaparán al tijeretazo las prestaciones por desempleo, las partidas destinadas a pagar pensiones, gastos de dependencia, I+D+I y otras de importancia vital para el Estado, como las destinadas a la lucha antiterrorista. Salgado admitió que el déficit del 11,4% alcanzado en 2009, que supera en casi dos puntos al 9,5% contemplado en su programa de estabilidad, es la «razón para presentar un ajuste adicional al ya previsto para 2010», y que consistía en una rebaja del gasto en torno al 4% respecto de la ejecución de 2009.

El programa de consolidación fiscal incluye un plan de acción inmediata para 2010, que comportará una reducción de unos 5.000 millones (equivalente al 0,5% del PIB) en el gasto presupuestado inicialmente para este año. Todos los departamentos ministeriales tendrán que proponer, antes del 1 de marzo, los créditos completos a los que están dispuestos a renunciar para aplicar esta restricción. A más largo plazo, plantea un recorte generalizado del gasto entre 2011 y 2013, con un impacto equivalente al 2,6% del PIB en el periodo. Las principales actuaciones se centrarán en reducir gastos de personal en una cantidad equivalente al 0,3% del PIB, de funcionamiento (0,2%), inversiones (0,5%) y transferencias y otros gastos (1,6%).

Como primera medida de choque, en 2010 el Gobierno reducirá la oferta de empleo público, sin excepciones, al 10% de la tasa de reposición de efectivos, y no habrá nuevas contrataciones de personal interino. Y antes del 1 de marzo aprobará un plan de reestructuración del gasto público que, además de revisar todos los pagos, explorará cómo racionalizar sus estructuras, sobre todo en lo que afecta a las empresas públicas. Esa reestructuración, de momento, no contempla la eliminación de ministerios, aclaró la vicepresidenta segunda.

Cumplir con Bruselas requiere a día de hoy de un ajuste total del déficit del 8,4% del PIB actual. Pero el Gobierno reduce ese esfuerzo al 5,7% (el 5,2% para la administración central) tras descontar gastos derivados de efectos de la crisis que «se corregirán por sí mismos» y de las medidas transitorias de estímulo -entre ellas, los 5.000 millones que absorberá este año el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local-.

El Gobierno también espera mejorar sus ingresos gracias a la reciente subida de impuestos y a actuaciones más efectivas en la lucha contra el fraude.