Haití sacude a los cascos azules

Hace diecisiete años, Bill Clinton parecía empeñado en cambiar la historia de Haití. A un lado de la mesa tenía al general Raoul Cedras, el hombre fuerte en la isla. En el otro, a Jean Bertrand Aristide, el primer presidente elegido por las urnas y derrocado por un golpe militar en 1991. La distancia ideológica entre ambos parecía abismal. El primero defendía el tradicional concepto de la política como reducto de las elites y el 'putsch' -cuartelazo- como manera de preservar sus intereses, mientras que el depuesto representaba la nueva apuesta por el Estado de derecho y la estrategia progresista.

El país caribeño se hallaba sumido en una profunda crisis. A principios de los noventa, el ejército había acabado con las veleidades liberalizadoras, situaba peones de confianza en el Ejecutivo y aplacaba la ira popular con la violencia de los paramilitares. El presidente norteamericano dijo basta y aplicó sanciones que conminaban al mando castrense a soltar su presa. La presión, la promesa de inmunidad y un exilio dorado en Panamá convencieron a Cedras de que había llegado la hora de abandonar su país, ambición de buena parte de sus conciudadanos a lo largo de doscientos años de existencia independiente.

Los tres dirigentes firmaron la paz en Governors Island, un enclave situado frente a Manhattan. Además de dar pábulo a la esperanza, aquel acuerdo supuso la irrupción de la ONU como actor esencial en el escenario político haitiano. En 1994, el Consejo de Seguridad aprobó el envío de 20.000 hombres para mantener la paz, obstaculizada tanto por los militares como, posteriormente, por los acólitos de Aristide, también armados y responsables de todo tipo de tropelías tras su segundo exilio.

Desde entonces, la organización ha puesto en marcha diversas fuerzas destinadas a facilitar el tránsito hacia un régimen democrático, propósito recurrentemente malogrado, pero también a impedir que la inestabilidad local se transmitiera a la región. Una década después de aquella primera iniciativa se creaba la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). Tal y como señalaba Hedi Annabi, su máximo responsable, la celebración pacífica de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 28 de febrero, se antojaba clave para el definitivo éxito de la empresa.

Pero ese objetivo se derrumbó al igual que el Hotel Christopher, sede de la fuerza, por la magnitud del terremoto del pasado día 12. Varias docenas de sus miembros, incluido Annabi, perecieron en la tragedia. Desde entonces, la delegación haitiana de las Naciones Unidas ha sufrido las críticas por el caos organizativo de las operaciones de socorro. Su impotencia y presunta falta de respuesta han sido contestadas de distintas maneras. La más rotunda ha sido la Secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, que ha enviado a sus marines con ánimo humanitario y, de paso, para controlar el aeropuerto de la capital, infraestructura clave para la recepción de ayuda.

La intervención norteamericana ha sido interpretada como una implícita desautorización del contingente internacional. «La merma de la capacidad operativa de la ONU, fruto de las circunstancias, no es argumento para poner en marcha acciones unilaterales. Cualquier intervención de ese tipo resulta injustificable. Haití no es Nueva Orleans y tampoco el Estado número 51 de la Unión», protesta Francisco Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), un centro de referencia en España.

Las elecciones, pendientes

Al desastre padecido se suma la magnitud del mandato de la misión de la ONU, aduce el experto. Junto al deber de preparar el proceso electoral, ha asumido la seguridad en un país de 27.000 kilómetros cuadrados que actualmente carece de ejército, con una Policía débil y numerosas bandas bien pertrechadas responsables de numerosas conculcaciones de los derechos humanos.

En opinión de Rey, son los países implicados quienes han de asumir falta de compromiso. «Nadie dice, por ejemplo, que hace unos años el Gobierno español retiró sus soldados para mandarlos a Afganistán y que hemos vivido de espaldas a su realidad, excepto por el volumen de la cooperación, superior incluso a la francesa». A la hora de dirimir responsabilidades menciona el caso de Somalia. «Allí no hay Estado. ¿Es culpa de la ONU? Son aquellos países que la componen quienes no la han fortalecido porque están más interesados en la seguridad de sus atuneros que en la de los ciudadanos del territorio afectado».

Cualquier experiencia previa o la existencia de protocolos para estos casos se ha estrellado contra una realidad devastadora. «En el caso del tsunami del Índico, los países afectados reaccionaron, al igual que ocurre cuando los huracanes generan grandes daños, pero aquí nos hallamos ante una administración sumamente débil».

Los dedos que apuntan a la ONU como responsable máximo del caos tampoco aciertan, según Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto y coordinador del Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización. «Olvidamos que Naciones Unidas es lo que sus miembros quieren que sea». Recuerda además su falta real de medios materiales y autoridad, ya expresados en otros ámbitos como la pasada cumbre contra el cambio climático. «El gran drama de la entidad es que le falta legitimidad».

La organización no fue lo suficientemente rápida dada la premura que exigía el desastre, pero para este profesor nadie escapa a la culpa. «Sí, la ayuda no puede quedar clavada en el aeropuerto, cabía esperar más de ella. Pero también de la Unión Europea, República Dominicana, Francia -la ex metrópoli-, o Estados Unidos, el 'gran hermano'. Es cierto que ha faltado coordinación pero ese reproche se le puede hacer a la ONU y al resto de los actores». El mismo que a «Sarkozy o Zapatero». Al igual que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, prometen una cosa y luego hacen otra, critica Gómez Isa.

Abogados y policías

La efectividad de la organización y de sus agencias en la isla también está condicionada por las limitaciones de su encomienda. «Muchos no tenían experiencia en acción humanitaria. Minustah la formaban abogados colaboradores del poder judicial o policías que entrenaban al nuevo cuerpo. No estaban preparados para una catástrofe de tales dimensiones».

El papel y las capacidades de la organización mundial también son cuestionadas en los planes de reconstrucción. Estados Unidos prevé alcanzar los 15.000 efectivos, número mayor al de los cascos azules desplegados, mientras Dominique Strauss-Kah, director gerente del Fondo Monetario Internacional, ha hablado de un 'Plan Marshall' para la isla. «Haití es un protectorado de facto porque instituciones como el FMI o el Banco Mundial lo han hecho posible», según Rey. A su juicio, la organización ha de asumir la coordinación de todos los esfuerzos para reconstituir el Estado. Para lograrlo, aconseja, como muchos otros expertos, el apoyo de instituciones de la talla del Programa Mundial de Alimentos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) o Unicef. Pero, sobre todo, buscar la implicación activa de los propios haitianos para evitar la creación de un Estado «por real decreto, tal y como ya hemos visto en Afganistán», recuerda Gómez Isa.

En cualquier caso, los observadores consultados no son nada optimistas con la suerte de Haití. «Caer en el papanatismo de que USA es el único salvador es situarnos en contra del sistema internacional, cuando tan sólo una de sus intervenciones fue positiva, la que permitió a Aristide recobrar el poder», señala Francisco Rey. Curiosamente, Bill Clinton, el instigador de aquella primera intentona democrática, se ha convertido en enviado especial de Naciones Unidas en Haití, mientras su esposa ejemplifica la respuesta 'manu militari' habitual en el Caribe. La que llevó a Washington a invadir la República Dominicana a mediados de la década de los sesenta y la pequeña Granada en 1983 pese a las expresas condenas de la ONU .