La basura nuclear busca hogar

Mucho tiempo atrás. Si fuera un cuento, que no lo es, esta historia podría empezar al modo clásico porque el asunto de los residuos nucleares de alta actividad -el combustible gastado de las centrales- lleva casi dos décadas rulando en España sin que los sucesivos gobiernos, del PSOE y del PP por igual, le hayan dado respuesta. No es fácil, la verdad. La política, el cortoplacismo crónico, las protestas ecologistas, el rechazo social a la energía del átomo y la falta de planificación -sin señalar culpables- han ido posponiendo la cuestión del cementerio nuclear. Hasta ahora. La solución elegida en 2004 con la bendición del Congreso tiene un nombre, Almacén Temporal Centralizado (ATC), y en este momento toca buscarle hogar. El mes de plazo dado por el Ministerio de Industria a finales de diciembre al lanzar la convocatoria pública para elegir municipio se agota y empiezan a bullir los nombres de posibles candidatos. El primero en levantar la mano -ayer lo aprobó en pleno- ha sido Yebra (Guadalajara), a unos 10 kilómetros de la central de Zorita, cerrada en 2006, pero en los próximos días habrá más. Se habla de Ascó (Tarragona) y de algunos otros pueblos en las inmediaciones de los siete complejos nucleares españoles. Almonacid de Zorita, Vandellós, Tivissa, en Tarragona, Merindad de Cuesta-Urría, en Burgos, o Bernuy de Porreros, en Segovia.

La carrera está lanzada. El Gobierno guarda silencio. Desvelará los nombres de los aspirantes una vez cerrado el plazo de inscripción a finales de la semana próxima. «Habrá más de los que se piensa pero menos de los que querrían acogerse, por la presión social y política en contra», asegura un portavoz de Industria. La selección, análisis sobre el terreno y trámites de impacto ambiental, llevarán cuatro meses. Del Consejo de Ministros saldrá entonces fumata blanca y el nombre del emplazamiento.

Acoger un repositorio nuclear no es un plato de gusto, como no lo fue en su día ubicar las centrales nucleares, aunque entonces -la primera, Zorita, arrancó en 1968- no se pedía la opinión ciudadana. Por altruismo nadie lo haría, pero la contrapartida económica es golosa, son tiempos de crisis y más para municipios con pocas salidas productivas. El elegido recibirá una lluvia de millones. El presupuesto para la construcción del ATC y un centro tecnológico asociado es de 700 millones de euros. En impuestos y compensaciones directas un pueblito como Yebra y sus 635 habitantes podrían recibir cerca de 7 millones de euros al año. Se crearán unos 150 empleos permanentes durante 60 años, y más de 300 durante los cinco años de la construcción del módulo inicial, con picos de hasta 500 técnicos y operarios. El ministerio cita experiencias previas según las cuales «el 60% de la mano de obra es local». Y luego, los empleos indirectos y el negocio que generen las visitas de técnicos e investigadores al centro tecnológico sobre desechos atómicos, más infraestructuras asociadas y otras mejoras. Eso es mucha riqueza para municipios pequeños. A cambio se paga un peaje serio; los muros del ATC acogerán durante décadas, sellada y encapsulada en sarcófagos de acero, la basura más sucia creada por el hombre: el uranio utilizado en la fisión nuclear, radiactivo durante cientos de miles de años. Como quien dice, toda la eternidad. Pero la eternidad es mañana y hoy es hoy. En principio cualquier terreno valdría como sede del ATC y el centro tecnológico adjunto. Entre 25 y 30 hectáreas. Hay exclusiones lógicas: los parajes de alto valor ecológico, espacios de uso militar, montes públicos o red de vías pecuarias, áreas con un rico patrimonio y todas aquellas zonas conectadas sólo por transporte aéreo o marítimo.

Problema internacional

El combustible gastado y otros pocos elementos irradiados suponen apenas el 2% de los restos de una central mientras opera y cuando echa el cierre. El resto son excedentes de baja y media actividad que en España son depositados en El Cabril (Córdoba) junto con desechos radiactivos de laboratorios, hospitales e industrias. Pero esa parte nimia es una herencia envenenada con la que ninguna nación nuclear sabe bien qué hacer. Hay países como Rusia y otros del Este convertidos en basureros sin control que algún día darán un disgusto. Y otros, como Estados Unidos, Francia, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Holanda o Suiza, donde se han ensayado distintas fórmulas. El almacenamiento geológico profundo (AGP) -sepultar el combustible en silos a cientos de metros bajo tierra- opera aún en muy pocos países, caso de Finlandia y Suecia. En Estados Unidos sigue atascado el polémico cementerio profundo de Yucca Mountain (Nevada). En Holanda la opción de futuro es el soterramiento profundo del combustible usado, pero como paso intermedio funciona ya un almacén superficial, el HABOG.

El futuro ATC español será un calco de éste. Con apariencia de nave industrial y chimeneas de refrigeración características. Con un triple blindaje: muros de hormigón de metro y medio de espesor, un tubo de acero inoxidable y una cápsula del mismo material como envoltorio último de las barras de uranio. Al igual que el holandés, sería más un 'apeadero' transitorio, para 60 años como mínimo, que una sepultura definitiva. Todos los estados nucleares esperan que la tecnología ofrezca soluciones en el futuro para reutilizar, separar y transmutar el uranio irradiado, o métodos para descontaminarlo y atenuar su radiactividad.

Llegado ese día, tecnología mediante, sería más fácil rescatar las barras vitrificadas de una simple nave industrial, por muy reforzada que esté, que de un depósito profundo, y los ATCs que ya funcionan en Europa «están probados, sus tecnologías disponibles y su seguridad y fiabilidad, ampliamente demostradas», refrenda José Alejandro Pina, presidente de Enresa, en la revista corporativa 'Estratos'.

Europa nos devuelve los residuos

En España se ha ido parcheando hasta que no ha quedado más remedio. Posponiendo el inevitable debate social. Hoy cada central guarda su combustible gastado en sus piscinas de hormigón y acero. Algunas cuentan con almacenes individuales en superficie (ATI). Las piscinas de la mayoría están al límite de capacidad y hay un 'problemilla' añadido. Francia devolverá a principios de 2011 el combustible de Vandellós I (clausurada tras un grave incendio en 1989) que nos guarda a un precio millonario.

Si España no puede acoger estos restos a partir del 1 de enero, la penalización estándar es de 60.000 euros diarios, aunque existen cláusulas de salvaguarda que, según el Ministerio de Industria, dejarían esa suma en unos 6.000 euros más costes financieros. También retornarán en breve materiales de reprocesado de combustible de Garoña, alojados hoy en el Reino Unido. Y hay que hacer sitio al combustible gastado de Zorita, inactiva ya, aún en fase de enfriado antes de poder reposar en el futuro almacén.