Dimite un alcalde de Málaga por discrepacinas con la nueva norma urbanística

El alcalde del municipio malagueño de Carratraca, Óscar Román (IU), ha anunciado su dimisión como regidor por discrepancias con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), según ha informado a EFE la dirección provincial del partido.

«Respetamos su decisión, aunque no la compartimos», ha afirmado el responsable de Política Institucional y Municipal de IU en Málaga, Manuel García Peláez, que ha indicado que Román comunicó el lunes su decisión, motivada «por no querer aplicar la LOUA, lo que afectaría a vecinos del municipio».

Román renuncia a su cargo como alcalde, pero no como concejal, por lo que seguirá formando parte de la Corporación junto a otros dos compañeros de la coalición de izquierda que «por lo que sabemos, tampoco tienen la voluntad de asumir la Alcaldía».

Respecto a la situación política en la que queda el municipio, García Peláez ha señalado: «En los próximos días veremos cuáles son las posibilidades que hay».

Preguntado por si su formación se plantea alguna alianza con otros partidos como salida a la situación actual -la corporación de Carratraca esta formada por tres ediles de IU, dos del PSOE y dos del PP-, el dirigente de IU ha afirmado que hay que estudiar la situación y ver quien puede ser candidato.

«A día de hoy no podemos descartar ni confirmar nada, pero ahora mismo Carratraca está abierta a todas las posibilidades», ha subrayado García Peláez.

Rechazo

La actual normativa urbanística en Andalucía ha producido discrepancias en otras zonas de la provincia, especialmente en la comarca de La Axarquía.

En este sentido, el mismo lunez se produjo la primera reunión entre alcaldes de esta comarca y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, tras lo que se acordó que esta última se hará cargo del planeamiento urbanístico de, al menos, ocho municipios de la zona. El urbanismo también ha producido debate en el ámbito judicial, donde se han definido dos posiciones: los que defienden que los casos de irregularidades urbanísticas se procesen por la vía contencioso-administrativa, y los que abogan por la vía penal.