Un informe jurídico avala que Vic puede negar el empadronamiento a los 'sin papeles'

El Ayuntamiento de Vic le pasa la patata caliente al Gobierno. Un informe jurídico elaborado por el bufete Roca Junyent da la razón al consistorio catalán y asegura que su intención de no permitir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley».

«Vic ha propuesto medidas legales en aplicación de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España», según el informe. No es ilegal, por tanto, que el consistorio reclame visado a los extracomunitarios, «en estricta aplicación del artículo 25 de la citada ley», añade.

Aunque la decisión definitiva sobre la polémica reforma de los requisitos del padrón está pospuesta hasta el pleno del 4 de febrero, el consistorio informó ayer de que tras recibir el informe jurídico ha entregado una instancia al Ministerio del Interior en la que le reclama que detalle por escrito los requisitos que deben tener los pasaportes para que los municipios puedan inscribir a los inmigrantes. Por tanto, el balón está en el tejado del Gobierno, que, según el Ayuntamiento de Vic, «tendrá que decir qué pasaportes considera válidos para poder ser inscritos».

El consistorio aseguró que retirará la medida si el Gobierno demuestra su ilegalidad. Mientras, el PSC dio ayer órdenes a sus concejales en Vic para que no apoyen la polémica decisión, calificada de «impresentable». El PSC tiene 4 concejales, por 8 de CiU y 2 de ERC.

Método de control

De momento, la Abogacía del Estado no ha contrapuesto informe alguno pero el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en que Vic «tiene que empadronar», tal y como indica una circular de 1997 remitida por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Recordó así que el padrón no es un «instrumento policial» sino un método para controlar quienes viven en uno u otro ayuntamiento.

El Gobierno se mostró además contrario a una reforma de la ley de Extranjería, como pretenden los populares. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirmó que esa propuesta «ralla el ridículo» porque la norma se aprobó en el mes de noviembre del año pasado y durante su tramitación el principal partido de la oposición no se pronunció en contra ni «hizo ninguna enmienda para modificarla».