Credibilidad económica

El mismo día en que se anunciaba que el IPC español tiende a situarse ya en valores positivos que, según las previsiones del Gobierno, serán moderados, el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, se sintió obligado a rebajar el entusiasmo ante los indicios de recuperación de la zona euro, advirtiendo de que será desigual, sigue dependiendo de los ingentes esfuerzos públicos realizados para estimular la economía y presenta todavía demasiadas zonas de sombra. Está claro que tanto las instituciones europeas como las nacionales no las tienen todas consigo a la hora de calibrar la salud de las entidades que conforman el sistema financiero; al prever la evolución del consumo ciudadano; al pronosticar las posibilidades y los riesgos que el mercado global presenta para la producción industrial de los países de la Unión; o al responder a las serias incógnitas que introduce nuestra dependencia energética. La tan a menudo interesada utilización de un lenguaje modulable para presentar los nuevos datos de la economía tiende a convertirse en un socorrido refugio para los responsables políticos, como viene ocurriendo en España. Pero si algo deben aportar los poderes públicos a la reactivación de la economía, del consumo y del empleo es la credibilidad en el manejo de las cifras estadísticas y en su interpretación. En este sentido, aunque resulte comprensible que los gobiernos no puedan predecir con exactitud la evolución de los acontecimientos económicos, menos justificable parece que no sean capaces de ofrecer una fotografía más certera del momento presente. Es lo que atestiguan los comentarios que en ocasiones se escuchan sobre el estado en que podrían encontrarse algunas entidades crediticias; y lo que más escandalosamente reflejó ayer el cruce de declaraciones entre el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por una parte, y la vicepresidenta Salgado y su secretario de Estado, José Manuel Campa, por otra, a cuenta del peso de la economía sumergida. Si resulta preocupante que en el Gobierno se produzca una diatriba después de que Corbacho estimara que la actividad irregular supone entre un 16% y un 20% del PIB, más lo es que Economía reconozca que no hay modo de conocer el alcance de dicha actividad.