El portavoz de la familia, José Luis Velázquez, arropa al promotor (a la derecha de la imagen). :: LA VOZ
Chiclana

Antonio Tocino cumple hoy 13 días en huelga de hambre

Una concentración, que se repetirá todos los viernes, pidió ayer al Ayuntamiento que no ejecute más derribos en la ciudad

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El promotor de las diez viviendas sin licencia que el Ayuntamiento de Chiclana demolió a finales de diciembre en la zona de Majadillas por orden judicial, prosigue su huelga de hambre a las puertas de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Esta acción de protesta, que Antonio Tocino inició hace hoy exactamente 13 días, persigue «que se haga justicia», y que se les den explicaciones de «por qué tiraron mis casas y otras muchas no». Además, y apoyado por un grupo de personas que no llegaba al medio centenar, el promotor chiclanero y parte de su familia integraron ayer una concentración para exigir al Ayuntamiento de Chiclana «que no se produzcan más derribos de viviendas».

La voz cantante de esta manifestación, que se repetirá todos los viernes a las puertas de la GMU, la lleva el que se ha erigido en portavoz de la familia Tocino, el candidato a la alcaldía por el DIPA (Defensa de los Intereses del Pueblo Andaluz), José Luis Velázquez, y la plataforma Salvemos a Chiclana, que ha creado.

Pese a su insistencia, la huelga de hambre iniciada días después de que la maquinaria pesada derribara los diez inmuebles de su propiedad en Majadillas, no ha servido a Antonio Tocino para que sus reclamaciones se vean atendidas. Él, en compañía permanente de amigos y allegados, pasa las jornadas apostado en la rampa de acceso para minusválidos de la Gerencia de Urbanismo, donde la familia está recogiendo firmas de apoyo a la causa.

Seguimiento médico

Con un estado demacrado por el paso de los días, el promotor chiclanero fue atendido la semana pasada de una bajada de la tensión en el Centro de Especialidades de La Longuera. La familia ha mostrado su malestar «por que los médicos no quieren venir a verlo».

El promotor sigue manteniendo que el derribo de sus unifamiliares, de 400 m2 y levantadas sin permisos quebrantando hasta seis precintos de obra policiales, ha sido una «injusticia» contra ellos, y un derribo ejemplar «utilizado por el Ayuntamiento para dar una lección a otros propietarios».