Reforma por el empleo

La desaceleración experimentada por la pérdida de empleos a lo largo de 2009 no puede obviar que diciembre se cerrara sumando 54.657 parados y que el cómputo del año alcanzara casi 800.000 más, lo que acerca el desempleo en España a los cuatro millones de personas. La pérdida de puestos de trabajo es paulatinamente menor, faltaba más. Pero tanto el hecho de que el paro siga afectando a todos los sectores de la economía e incida en todas las comunidades autónomas, como el negativo diferencial que España muestra en este terreno respecto a los demás miembros de la UE, obligan a que las instituciones de nuestro país, empezando por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, dejen de considerar el problema como el efecto duradero de la recesión. Hay algo que no funciona en España para que la tasa de paro duplique la media europea. Y ese algo es, por una parte, un modelo de desarrollo que sigue lastrado por los avatares de la construcción y, por el otro, el propio mercado de trabajo, las normas que lo regulan y los convenios colectivos a los que dan lugar las mismas. Se trata de una realidad ante la que caben dos actitudes: esperar que la mejora general en la economía acabe con la pérdida de empleos y dé inicio a la generación de nuevos puestos de trabajo, o reaccionar procurando condiciones laborales que favorezcan una viva reactivación de la economía. La primera opción condenaría a España a situarse en el vagón de cola de la recuperación. La segunda obliga a Gobierno, empresarios y sindicatos a comprometerse con la reforma del mercado de trabajo, entendiendo que en el mundo actual no hay derecho laboral más sólido que el que procure más empleos estables. Sería, además, la mejor manera de iniciar la presidencia compartida de la UE por parte de Rodríguez Zapatero. Porque de nada sirve recabar el parecer de González, Delors y Solbes a la hora de marcar una impronta social al mandato de esa presidencia de la Unión si España continúa ofreciendo tan insufribles tasas de desempleo. El Gobierno no puede seguir actuando como observador neutral del diálogo social. Cuatro millones de parados constituyen un argumento suficiente para que, dejando de lado las formalidades del encuentro con empresarios y sindicatos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se decida a liderar una reforma laboral por el empleo.