La Junta pedirá al Gobierno central que permita fumar en los bares adaptados
La propuesta consiste en dejar exentos de la prohibición a los locales de más de 100 metros con zonas habilitadas para fumadores
SEVILLA. Actualizado: GuardarLa Junta de Andalucía pedirá al Gobierno y propondrá al resto de comunidades autónomas que se permita fumar en los bares y locales que llevaron a cabo reformas para adaptarse a la ley antitabaco. La propuesta, de la que ha informó ayer el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Ávila, será trasladada tanto al Ministerio de Sanidad como al resto de comunidades en el próximo Consejo Interterritorial de Salud.
De tener éxito, la iniciativa supondría una modificación de la propuesta del Ejecutivo central, que quiere prohibir fumar en todos los locales cerrados. La pretensión del Gobierno andaluz es dejar exentos los locales de más de 100 metros de restauración y hoteleros que, tras la aprobación hace tres años de la Ley de Prevención del Tabaquismo, habilitaron zonas específicas para que fueran utilizadas por los fumadores.
Según Ávila, la propuesta de su Consejería ha sido asumida por la de Salud. «Esperamos que seamos capaces de convencer tanto al Gobierno como al resto de comunidades autónomas», señaló el consejero.
Aunque la intención es que en un futuro todos los locales de ocio estén libres de humo, la Junta cree que implantar ahora la prohibición total supondría un perjuicio para los empresarios que hace tres años invirtieron dinero en adaptarse a la nueva norma.
Por el momento, el Ministerio de Sanidad ha declinado entrar a valorar la propuesta lanzada por el Gobierno andaluz.
Rechazo médico
El anuncio de la Junta ya ha provocado que sociedades científicas como la Asociación de Neumólogos del Sur, Neumosur, hayan advertido de los «peligros» que puede acarrear introducir este tipo de medidas.
Sin ir más lejos, el presidente de esta entidad, Francisco Alvarez, aseguró ayer confiar en que el Ejecutivo central rechace finalmente la propuesta andaluza, tras argumentar que la salud pública de las personas «está por encima de cualquier parámetro economicista» y que «las medias tintas en este tipo de normas son la antesala de su incumplimiento».
