Suficiencia municipal

La variante inmobiliaria de la crisis y la bajada de la recaudación fiscal han puesto en evidencia la endeblez financiera de los ayuntamientos españoles. Las entidades locales gestionan competencias o asumen compromisos que se sitúan por encima del dinero con el que realmente cuentan. Los años de bonanza paliaron la situación pero, en el fondo, contribuyeron a aumentar la deuda municipal, conduciendo a las corporaciones locales a acometer proyectos y responsabilizarse de gastos propiciados por el espejismo de que el crecimiento sería imparable. Pero de este clima participaron todas las administraciones, también el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos, por lo que sería injusto imputar a las entidades locales mayor irresponsabilidad que la que cabría achacar a los otros dos niveles institucionales. La proliferación de casos de corrupción municipal ha restado credibilidad a la gestión de los ayuntamientos, demostrando que puede verse más condicionada por intereses espurios que otras administraciones. Además, las diferencias que se perciben en cuanto al grado de endeudamiento de los distintos ayuntamientos españoles no responden ni a su respectivo tamaño, ni a la adscripción ideológica de sus gestores, ni a su pertenencia a una u otra comunidad. El ámbito municipal requiere ser partícipe de los ingresos del Estado autonómico de manera más estable y automática que hasta ahora, y contar para ello con un porcentaje superior al que se le viene asignando. En este sentido, los ayuntamientos precisan de una interlocución más directa y vinculante que la que proyecta su exclusión del diseño del nuevo sistema de financiación autonómica. Pero al mismo tiempo, la actuación pública local tiene que delimitar claramente sus competencias, puesto que resulta irracional que los ayuntamientos se responsabilicen de cuantas necesidades quedan al margen de los servicios públicos previamente estipulados; a no ser que tal supuesto esté contemplado en su financiación. En cualquier caso, parece evidente que los responsables municipales han de someterse a una mayor disciplina económica en su gestión, tomando conciencia de que sólo pueden acometer aquellas iniciativas que estén en condiciones de pagar. Y que es también éste el mensaje que han de enviar a sus convecinos.