O infamia o terror

Parecen retales de una de esas historias de terror que acaban, o empiezan, con el tradicional aviso: «Basada en hechos reales». Pero parece imprudente esperar a que pasen años para comprobarlo en una sala de cine (si es que existen para entonces) con la comodidad que aportan una década de distancia y una pantalla intermediaria.

Tampoco se trata de volver a incurrir en el horrendo error del chico aquel de Tenerife, Diego, convertido de forma salvaje en el mejor ejemplo de la brutalidad colectiva de la que somos capaces los medios de comunicación cuando sobran prisas y faltan escrúpulos.

Incluso aferrados a la incuestionable, inolvidable, presunción de inocencia, es preciso recordar que toda virtud equidista de dos defectos. El espíritu crítico, la conciencia colectiva, deben estar tan lejos de la criminalización gratuita como del desinterés por descubrir la realidad que tengamos cerca.

Un informe de Amnistía Internacional dice que en España, incluso aquí en Benalup, se tortura a niños y adolescentes. Es una denuncia pública. Sin valor condenatorio, que nunca debe derivar en suposición ni en sospecha, pero que debiera propiciar una aclaración igualmente contudente.

El colectivo que la firma es uno de los más prestigiosos en cuanto a la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Es sorprendente que si hablara de torturas en una cárcel de algún país recóndito y mísero asumiéramos su texto como una verdad absoluta. También sin condena ni pruebas.

Sin embargo cuando sucede aquí al lado, en casa, entre nosotros, preferimos ignorar, descalificar de entrada. No, no puede ser. Sin ahondar, sin una aclaración que honraría, en primer término, el buen hacer de los públicamente denunciados, de los que han visto su labor comprometida.

El que quiera puede poner en duda el crédito de Amnistía Internacional y acabar así con sus dudas, pero resulta que un año antes, un alto funcionario público, el Defensor del Pueblo de España, denunció casos similares con idénticos términos. En ese caso se trataba de un representante de todos nosotros, al que consagramos el deber de protegernos ante los abusos de las administraciones, de la colectividad.

Sin embargo. Las dos denuncias se ignoran, se aparcan. Hablan de celdas de castigo, de días sin comer, de gente amarrada a sillas o camas con cinta aislante, de incomunicados, de cartas particulares leídas en público para mofa, de medicación administrada sin decisión médica ni judicial... Algo que ni siquiera pueden hacer los veterinarios.

Las acusaciones, ya digo, reiteradas, son lo suficientemente graves como para adoptar dos posturas: No considerarlas jamás ciertas hasta que un tribunal lo diga y no ignorarlas porque nos ofendan. Si acabaran siendo ciertas, resultan espeluznantes. Si fueran falsas, es inadmisible que un colectivo (ni el Defensor) puedan levantar tamaña calumnia y salir indemne de tan atroz exageración o embuste.

Si alguien cae en la tentación de pensar que algún joven criminal se merecería ese trato (sea cual fuere el delito por el que se le castiga) es que tiene que pedir hora. Si alguien sucumbe al atajo de creer que ese tipo de técnicas podrían ayudar, enmendar, reinsertar o escarmentar a alguien es que no se ha enterado de nada desde el parto.

Hablamos de torturas a chavales y algunos no queremos que pase como en Australia o Irlanda... que nadie pida perdón dentro de 14 años, ni que todos salgamos llorando del cine en 2021. Queremos que si hay un sólo caso de torturas, su responsable lo pague (según la legislación vigente, no la del Talión). Queremos que si alguien ha levantado tamaña infamia contra trabajadores de centros pagados con dinero público, responda por su mentira para que, la próxima vez, sepamos a quién creer.