2.000 militares se rebelan contra Defensa y exigen derechos civiles

Si la revolución naranja ucraniana simbolizó un hito de la resistencia civil, la rebelión a pequeña escala que ayer protagonizaron unos 2.000 militares en Madrid para dejar de ser ciudadanos de tercera «marcará un antes y un después», según los organizadores.

Desafiando el frío y el «miedo escénico» que supone asistir a una concentración frente a la sede del Ministerio de Defensa, los uniformados dejaron el traje en el cuartel, se ataviaron de camisetas y gorras naranjas y, bajo el lema «Dignidad y Derechos», pidieron al Gobierno que la reforma de la ley de la carrera militar elimine las desigualdades en cuanto al ascenso de escalafón de los oficiales.

Era la cuarta vez en democracia que los militares salían a la calle, hartos de tantas «promesas incumplidas y fotos de pasarela» que han colocado sus derechos en la «zona más oscura» de la Constitución. Reclamaron tener voz propia tanto en la modificación de la citada ley, que ya estudia el Gobierno para su próxima aprobación, como en la futura Ley de Derechos y Deberes del personal militar, prometida por el PSOE en su programa electoral.

Esta norma viene a regular libertades inherentes como el derecho de expresión, reunión, manifestación o sindicación. «Libertades plenas de los ciudadanos que para los militares siguen vetadas 30 años después», clamaron los presentes, que pidieron seguir el ejemplo de países como Italia o Alemania.

Uno de ellos, el brigada Jorge Bravo, presidente de AUME -la asociación organizadora-, concretó el sentir mayoritario en su alocución final. «Con esta concentración vamos venciendo temores, el miedo al día después. Estamos haciendo historia y luchando por nuestros derechos. Quedáis todos condecorados con la medalla de la lucha por la dignidad! Y mañana: ¡id y contadlo!», clamó entre los aplausos de sus compañeros. Bravo fue arrestado 40 días por haber participado en una concentración de guardias civiles en Madrid en 2007.

Al acto acudieron representantes sindicales de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, y políticos como el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, o David Ortega, de UPyD. Lara aseguró que apoya las reivindicaciones de los militares ya que en el Ejército «también hay contratos basura», denunció