Responsabilidad sindical

La multitudinaria manifestación sindical que ayer recorrió el centro de Madrid ha sido la única movilización general convocada por las centrales UGT y CC OO desde que se iniciara la crisis. Durante un año largo de recesión, ambos sindicatos han dado muestras de prudencia al comprender que el argumento moral que en ocasiones han esgrimido, advirtiendo de que este bache no ha sido causado por los salarios de los trabajadores sino por la codicia desmedida de algunos especuladores, no les eximía de responsabilidad a la hora de afrontar sus consecuencias. Es cierto que el propio lema empleado para la marcha de ayer -'Que no se aprovechen de la crisis'- se dirige a poner en duda la conducta de los empresarios mediante un reproche que resulta injusto y fuera de toda razón, dado que el cuestionamiento sindical de las decisiones que estén adoptando unas u otras empresas en el ámbito de las relaciones laborales no justifica una insinuación tan severa. Pero los responsables de las centrales saben que la recuperación del empleo perdido depende sustancialmente de la rentabilidad que las distintas compañías encuentren en el desarrollo inmediato de su actividad; y de que, a buen seguro, la economía española precisará índices de crecimiento hoy por hoy inimaginables para reabsorber el paro existente. A no ser que los propios sindicatos se hagan partícipes de aquellas modificaciones en la legislación laboral y en la negociación colectiva que contribuyan a homologar el mercado de trabajo en España con el de los países de la UE. Al conferir ayer a los empresarios la responsabilidad de moderar los beneficios y emplear los excedentes para el afianzamiento del tejido industrial, UGT y CC OO cumplieron con las exigencias que les corresponde formular en la dialéctica entre las organizaciones sindicales y la patronal. Pero Méndez y Fernández Toxo son perfectamente conscientes de que sus demandas no sólo han de verse correspondidas con una disposición sindical más abierta a la reforma laboral. También de que en lo inmediato deben proceder a liberar al Gobierno socialista de la presión que directa o indirectamente ejercen sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros en lo referido a la actualización de las normas que rigen el mercado de trabajo.