El Gobierno mantiene en la ley que las menores aborten sin permiso paterno

La ley del Aborto logró salvar el trámite de enmiendas en el Congreso sin sufrir modificaciones sustanciales. IU y Esquerra Republicana de Catalunya anunciaron ayer su apoyo al proyecto gubernamental, que también contará con la adhesión del PNV en la votación que se celebrará hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso, según informaron fuentes del Ministerio de que dirige Bibiana Aído.

La satisfacción por este acuerdo resultaba patente ayer entre los responsables del Ministerio de Igualdad, que destacaron las «muchas horas» de negociación con expertos y partidos de la oposición. «Ésta es la ley que deberíamos haber tenido hace 25 años», apostillaron altos cargos del ministerio que ha impulsado este precepto.

La ley podría ser ratificada la próxima semana por el pleno del Congreso, y después irá al Senado. Cumplido el trámite en la Cámara Alta se someterá a la votación final en el Congreso, lo que podría producirse la próxima primavera, según los cálculos de fuentes gubernamentales.

A falta de conocer con exactitud qué enmiendas parciales ha admitido finalmente el PSOE, éstas son las tres principales novedades que presenta el texto que hoy aprobará la Comisión, con respecto al que llegó al Congreso hace quince días.

Aborto de adolescentes

Comunicación, sí; permiso, no.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logrará uno de sus principales objetivos: que las adolescentes de 16 y 17 años, al igual que el resto de las mujeres mayores de edad, tengan la última palabra para interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Los socialistas sí han aceptado, a propuesta del PNV, un matiz relevante: los centros médicos deberán informar, llegado el caso, a los padres de la decisión de las menores. Las adolescentes, no obstante, tendrán siempre la última palabra. Esta comunicación a los progenitores será innecesaria en los casos en los que se constante un enfrentamiento grave entre la hija y sus padres. Un resquicio legal que puede permitir a las adolescentes 'saltarse' de facto la notificación previa.

A las menores, al igual que al resto de mujeres, se les sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción.

De esta manera se elimina la excepción que establece la Ley de Autonomía del Paciente en materia de aborto. Según este texto, una persona puede decidir a partir de los 16 años sobre cualquier intervención quirúrgica o tratamiento médico, salvo los ensayos clínicos, la reproducción asistida y el aborto. El Gobierno insiste en que esta decisión iguala la ley española con la misma legislación que existe al respecto en los países europeos de su entorno.

Un gasto de cien millones anuales

Recetar anticonceptivos de nueva generación

El trámite de enmiendas también enriquece la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción del Embarazo con otras dos novedades, que ya han sido objeto de controversia por parte de algunos colectivos de afectados. Los anticonceptivos de última generación, entre los que se encuentra el anillo vaginal o los parches hormonales, serán financiados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) como otros fármacos. Una medida que, según una primera estimación de IU, supondrá un desembolso de cien millones de euros anuales.

Aún no se ha determinado qué contraceptivos se financiarán ni en qué porcentaje, una decisión que corresponderá determinar al Gobierno. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, destacó la importancia de que, por primera vez, los anticonceptivos modernos pasen a ser financiados «como cualquier otro fármaco». Recordó, además, que en la actualidad sólo media docena de los anticonceptivos que están a la venta reciben algún tipo de subvención, aunque las prescripciones «casi nunca están relacionadas con cuestiones anticonceptivas» sino con enfermedades como el acné pronunciado o la alopecia, según denunció Llamazares.

Objeción de conciencia

De forma individual y por escrito

El acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ERC-Iniciativa per Catalunya incluye también que la nueva Ley del Aborto reconozca el hecho de la objeción moral «por parte únicamente de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo», es decir, cirujanos y enfermeros.

El reparo se hará de manera individual y se deberá hacer constar por escrito. Asociaciones de profesionales de la sanidad ya han alertado del «riesgo» de que se hagan públicas las listas de médicos y enfermeras objetores.

La norma deja a los hospitales sin la opción -que sí tienen ahora- de 'objetar' de manera global y, en consecuencia, deberán contar siempre en su servicio de ginecología con médicos preparados y dispuestos a llevar a cabo la mencionada práctica. Con ello se logrará que las mujeres siempre cuenten con la opción de interrumpir su embarazo en la misma comunidad autónoma en la que residan.

El acuerdo cerrado ayer también incluye la obligatoriedad para los estudiantes de Medicina y de Enfermería, una vez que entre en vigor la ley del Aborto, de recibir formación con carácter curricular, en salud sexual y reproductiva, y en la práctica clínica sobre la interrupción voluntaria del embarazo.