La red corrupta 'Pretoria' alcanza a la Generalitat y ya salpica al PP

El 'caso Pretoria' alcanza ya a la Generalitat de Cataluña y sus ramificaciones, que hasta ahora afectaban al PSC y CiU, ahora también tocan al PP. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó ayer en la investigación sobre la red de corrupción urbanística en varios municipios barceloneses a Emili Mas, actual gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y uno de los máximos responsables urbanísticos del Gobierno del socialista José Montilla. El magistrado, que ha puesto bajo control de la Oficina Antifraude de Cataluña a la empresa municipal que era epicentro de la red de 'pelotazos', ha implicado a otras 10 personas, con lo que el número de imputados se eleva ya a 20.

Emili Mas, apenas minutos después de anunciarse su imputación, fue obligado por el PSC a entregar su carné del partido y la Generalitat se apresuró también a anunciar que aceptaba su renuncia al cargo de gerente de Incasòl para «preservar el buen nombre» de la institución que dirigía hasta ayer y «facilitar la instrucción del sumario».

Según las investigaciones, el ya ex gerente mantuvo conversaciones con tres de los principales implicados de la red para la emisión de facturas con el fin de justificar el uso espurio de unos fondos europeos. La Guardia Civil también investiga los contactos de Mas con el gran cerebro y muñidor de la trama 'Pretoria', el ex diputado autonómico del PSC Luis García, más conocido como 'Luigi'.

Desde que el nombre de Mas apareció en el sumario de Garzón por la supuesta falsificación de facturas para favorecer a la red de 'pelotazos', el Gobierno autónomo catalán se esmeró en defender su nombre; incluso llegó a apuntar que las acusaciones probablemente eran fruto de una confusión.

El gerente del suelo no fue la única víctima política de la convulsa jornada judicial. El juez también citó como acusado a Víctor Ros, ex alcalde popular de Sant Andreu de Llavaneres, quien ayer se convirtió en el primer acusado de este partido en el 'caso Pretoria'. Ros envió de inmediato una carta al PP de Cataluña en la que pidió su «baja temporal de militancia», que fue aceptada de inmediato. Fue precisamente en Sant Andreu donde la trama 'Pretoria' dejó el agujero más grande en las arcas municipales, con cerca de 17,6 millones de euros defraudados.

En la lista de imputados también entraron, entre otros, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, las esposas de los dos ex altos cargos de Jordi Pujol imputados y encarcelados en esta investigación, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Los nombres de ambas, según fuentes de la investigación, aparecen relacionados con sospechosas transferencias de dinero al extranjero que supuestamente partieron de sus respectivos maridos.

Una de las imputaciones más sorprendentes es la de Josefina Calvet, madre del encarcelado Bartomeu Muñoz, ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet, el centro de operaciones de la red corrupta. También pasará en enero por el despacho del juez, pero como testigo, Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, otro de los municipios barceloneses investigados.

Extranjero

Garzón, además, ha cursado una comisión rogatoria al extranjero (el país no ha trascendido), para intentar localizar al que sería un décimo y nuevo imputado, a quien todavía no se ha podido entregar la citación judicial para declarar en el tribunal de la calle Génova.

El juez de la Audiencia Nacional, además, decidió dejar en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, encarcelado desde el 30 de octubre. Tras esta excarcelación, quedan en prisión Alavedra, Prenafeta, Muñoz y 'Luigi'. En libertad con cargos, además de Dobarco, están los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, asi como el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

El instructor, por otro lado, acordó nombrar un administrador judicial para Gramepark, la empresa municipal del suelo de Santa Coloma que dirigía Dobarco y que era uno de los elementos básicos de la trama de operaciones urbanísticas ilegales. Garzón ha encargado la gestión de esta firma a la recién nacida Oficina Antifraude de Cataluña, tres de cuyos funcionarios a partir de ahora gestionarán la promoción de viviendas de protección oficial, el parque local de pisos, los aparcamientos públicos y la grúa municipal.