Marlaska cierra la operación contra Segi con 31 órdenes de prisión

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska puso ayer punto y final a la operación contra SEGI con 31 órdenes de prisión. Tras tres días de interrogatorios, sólo cuatro activistas de las juventudes pro etarras se libraron de la cárcel.

El único arrestado contra el que la Fiscalía no presentó cargos es Iker Martínez Urdazi, uno de los catorce huidos de la macroredada el martes, que ayer fue detenido por la Guardia Civil en las inmediaciones de la Audiencia Nacional cuando pretendía entregarse en el juzgado.

El juez ordenó el ingreso en prisión de Mikel Totorika, Garazi Rodríguez, Aitor Liguerzana, Unai Ruiz, Jagoba Apaolaza, Haritz López, Euken Villasante, Maialen Eldua e Ibai Esteibarlanda.

Todos ellos fueron acusados de pertenencia o colaboración con organización armada. Joseba Dalmau, el undécimo interrogado, quedó en libertad con cargos y medidas cautelares (prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias semanales).

El objetivo básico de la operación policial, según mandos de la lucha antiterrorista, era abortar el intento de Segi de refundarse, después de padecer años de continuos varapalos policiales que han llevado a la organización al borde de la extinción.

El Ministerio del Interior asegura que los ahora detenidos tenían el firme propósito de «incrementar el número de militantes» de la organización para «poder acometer las líneas de actuación establecidas por ETA» y, en particular, las órdenes de «endurecer el conflicto» con el aumento de la violencia callejera.

Los agentes de los servicios de Información de la Guardia Civil, que llevan varios meses tras los pasos de los cabecillas de Segi, afirman que esta nueva cúpula estaba especialmente diseñada para blindarse a los golpes policiales y judiciales con un «sistema de desdoblamiento directivo» copiado de ETA: una parte pública visible tras el nombre de la asociación «Gazte Indepedentistak» (Jóvenes Independentistas) y un «núcleo dirigente clandestino», que era el que realmente comandaba la organización, ordenaba los actos de 'kale borroka' y gestionaba los fondos provenientes, principalmente, de una red de 'gaztetxes' que hacían las funciones de recaudadores para Segi.

Decapitada

El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, tras las redadas realizadas la madrugada del martes, consideró decapitada «la cúpula dirigente de Segi», a la que definió como «organización juvenil de ETA».

Según el titular de Interior, el operativo ha cumplido con sus tres objetivos: abortar que una organización declarada ilegal se rehaga, impedir que la banda terrorista tenga a su disposición una cantera y luchar contra la 'kale borroka'. «No queremos que haya ningún tipo de impunidad en el País Vasco», subrayó el máximo responsable de la lucha antiterrorista.

Interior insistió en que la operación conjunta supone no sólo el descabezamiento de la organización, sino «la casi total desarticulación de las estructuras de clandestinas de Segi en España», además de «un golpe de impacto a su financiación y estructura logística». «El operativo ataca directamente al núcleo directivo de la organización y a su propia existencia y capacidad de actuación», apuntó el Ministerio, que recordó que esta macro redada, que se produce «en un momento clave en la lucha contra el terrorismo», golpea a la «organización de la izquierda 'abertzale' más ortodoxa y de mayor fidelidad a ETA».

La operación, durante la que se llevaron a cabo 92 registros, fue coordinada desde Guipúzcoa por el juez Fernando Grande-Marlaska, quien centralizó las diferentes investigaciones abiertas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional, entre ellos Baltasar Garzón, que en los últimos dos años había dirigido los golpes policiales a la organización.

En poder de los detenidos, los agentes han encontrado información para atacar a políticos del PP, PSOE, PNV y «fuerzas regionalistas», además de datos sobre las «diferentes policías», edificio públicos o empresas. Los papeles incautados confirman la estrategia de mantener la presión en las calles pero exponerse menos a las detenciones. «A veces es mejor una concentración frente a la casa de un concejal que llenar su domicilio de pintadas», afirma.