Pacto de Estabilidad y crecimiento
El comisario europeo afirma que recuperación y saneamiento de las finanzas son parte de la misma estrategia. No puede lograrse uno a costa del otro
Actualizado: GuardarEl día 2 los ministros de Economía de la UE deberán pronunciarse sobre las recomendaciones de la Comisión destinadas a reducir los déficits presupuestarios de trece Estados miembros, entre ellos España. Estas recomendaciones van en la misma línea que el compromiso contraído por los líderes de la Unión de seguir ayudando a la economía a recuperar la senda del crecimiento, al tiempo que se planifica la retirada de las medidas excepcionales adoptadas para luchar contra la recesión, en particular el estímulo presupuestario. Si esta estrategia en dos fases se desarrolla adecuadamente, combinando una política macroeconómica que sigua siendo expansiva en el conjunto de la Unión durante 2010 con el desarrollo simultáneo de planes creíbles de reducción del déficit público, lograremos sostener la demanda a corto plazo con la certeza de que las finanzas públicas se irán saneando progresivamente en los próximos años. De esta manera, tanto el crecimiento como las cuentas públicas serán sostenibles.
El déficit presupuestario medio de la Unión va a llegar hasta el 6,9% del PIB en 2009 y seguirá aumentando el año que viene, antes de iniciar un leve descenso en 2011, fecha en la que la mayor parte de las medidas de reactivación deben expirar. Por su lado, la deuda pública aumentará previsiblemente en más de 20 puntos porcentuales entre 2008 y 2011, hasta alcanzar cerca de un 84% del PIB.
Uno de los grandes desafíos de los próximos años consiste en colocar las finanzas públicas a un nivel sostenible, condición necesaria para aumentar el potencial de crecimiento -seriamente afectado por la crisis- con el fin de impulsar la economía y crear trabajo, de forma que pueda reabsorberse en poco tiempo el desempleo creciente. Este último superará en la Unión el 10% en 2010, frente al 6,7% del segundo trimestre de 2008. En España, desgraciadamente, el nivel actual es mucho mas elevado, alcanzando de nuevo porcentajes similares a los de comienzos de los años 90.
La consolidación de las finanzas públicas es indisociable del objetivo de crecimiento. No se logrará un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado -objetivo número uno de todos los europeos y del G20- si no se consigue acabar con la espiral de la deuda. Y no se podrá reducir el déficit si no se descubren nuevas fuentes de actividad económica. En este sentido, los objetivos de crecimiento y saneamiento de las finanzas públicas forman parte de la misma estrategia, ninguno de ellos puede lograrse a costa del otro.
La existencia de trayectorias claras, creíbles y coordinadas para sanear las finanzas públicas aumentará el optimismo en el futuro de las familias y de los agentes económicos; de este modo ambos serán más proclives a consumir e invertir. Los bancos centrales tenderán también, dentro de su independencia, a mantener una política monetaria acomodaticia si la estrategia de consolidación de las finanzas públicas de los miembros de la Unión merece su confianza.
En última instancia, el dilema al que nos enfrentamos es : recuperar el control del presupuesto o convertirnos en esclavos de la deuda. En algunos Estados miembros la carga de la deuda se ha convertido, o está convirtiéndose, en la principal partida presupuestaria, por delante de los gastos de educación o de los recursos asignados a la investigación y la innovación, ese triángulo virtuoso del conocimiento que es el mejor camino para estimular la productividad, la competitividad internacional y el empleo.
La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos permitirá asegurar cuanto antes el retorno progresivo a unas finanzas saneadas. Nos permitirá también liberar los recursos públicos necesarios para promover actividades innovadoras y con gran potencial de crecimiento, tales como las energías renovables, ámbito en el que la Unión puede aspirar a desempeñar un papel de liderazgo. Una estrategia clara y creíble es aquélla que especifica no sólo a qué ritmo se reabsorberá el déficit, sino de qué manera. En los Estados miembros en los que el gasto público es ya muy elevado y supera un 50% de la riqueza nacional, o donde el nivel impositivo es muy superior a la media de la OCDE, el esfuerzo deberá venir fundamentalmente de reajustes en el lado de los gastos. Pero, debido al agujero presupuestario generado por la crisis económica y financiera, así como al hecho de que los ingresos del Estado no van a recuperar tan fácilmente los niveles anteriores a la crisis, muy a menudo los ajustes no podrán consistir únicamente en una disminución del gasto. En ambos casos se hará necesario proteger los sectores más desfavorecidos de la sociedad y los más expuestos a la crisis y la competencia internacional mediante políticas activas de formación y búsqueda de empleo, evitando así que el desempleo se vuelva crónico. Por descontado, las decisiones que hay que adoptar no son fáciles. Pero para que a corto plazo se restablezcan el consumo y la inversión y se recupere el crecimiento es necesaria una estrategia a medio y largo plazo que permita recobrar la confianza en el futuro. Es necesario hacer más y mejor con el mismo nivel de gastos. La experiencia demuestra que, con un nivel de gastos similar, los resultados obtenidos, por ejemplo en materia de educación, pueden ser muy diferentes entre Estados miembros.
Tengo el firme convencimiento de que las trayectorias de ajuste presupuestario propuestas por la Comisión a comienzos de noviembre son las adecuadas, ya que combinan realismo y ambición y tienen en cuenta las distintas posiciones presupuestarias de partida y los márgenes de maniobra de cada uno de los países. De este modo, las recomendaciones que se han presentado a la consideración del próximo Ecofin permiten que algunos Estados miembros sigan desempeñando el papel de locomotora del crecimiento, mientras que otros emprenden el camino de la consolidación. Lo que en definitiva se persigue con estas recomendaciones es coordinar las políticas económicas en beneficio de la Unión y de sus ciudadanos.