Aído ve «innegociable» la libertad de las menores de abortar sin permiso paterno

La ley que permitirá a las mujeres españolas abortar de forma libre en las primeras 14 semanas de gestación superó ayer su primer trámite parlamentario. El Gobierno logró, tras un áspero debate, tumbar las enmiendas a la totalidad que presentaron el PP, ocho de los diez diputados de CiU y los de UPyD y Unión del Pueblo Navarro. El resultado de la votación, 183 votos frente a 162, y una abstención de una diputada de CiU, habilita al Congreso para que continúe la tramitación de esta norma, una de las más discutidas de la actual legislatura.

La ministra de Igualdad estuvo arropada en su estreno legislativo por todo el Gabinete. Bibiana Aído puso el acento en la «importancia histórica» que supone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en España y dejó abierta la posibilidad de una leve modificación, mediante una enmienda del PNV, de uno de los aspectos más polémicos de esta norma. El Gobierno sólo estaría dispuesto a ceder en el cómo y cuándo se comunica a los padres la decisión de su hija, pero la ministra insistió en que es «irrenunciable» que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno. Si traspasa esa 'línea roja', perdería el sostén de la izquierda.

En el PP, por su parte, dan por perdida esta batalla, aunque no la guerra; su secretaria general ya ha anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional si la reforma de la ley del aborto, en los términos que está redactada en la actualidad, se aprueba de manera definitiva. Los populares acusan al Gobierno de imponer una ley de «aborto libre, en contra de la sociedad civil».

La primera discusión parlamentaria de la Ley de Salud Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo puso de manifiesto la complejidad que supone separar intereses morales, civiles y religiosos. La propuesta de Aído logró el beneplácito de partidos de izquierda y centro-izquierda, pero también del centro-derecha. Es más, CiU otorgó a sus diputados 'libertad de voto', una facultad que sólo aplica en asuntos de alta sensibilidad social.

José Luis Rodríguez Zapatero siguió desde su escaño toda la intervención de su ministra de Igualdad, una deferencia reservada para las grandes ocasiones legislativas. El presidente del Gobierno aseguró, tras el debate, que la nueva ley dará «garantías a las mujeres ante un tema tan dramático como el aborto» y acabará con la tipificación penal del aborto. «Eso es lo que hacen las sociedades avanzadas y España lo es», sentenció.

La diputada que defendió el 'no' con más fervor fue la portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo, en avanzado estado de gestación. Moneo atacó los puntos más controvertidos del proyecto y sostuvo que el proyecto «vulnera el principio de patria potestad» al negar a los padres el derecho a prohibir a sus hijas de 16 y 17 años que malogren su embarazo. La diputada opositora también reprochó al PSOE que no incluyera esta reforma en el programa de las elecciones generales de 2008 y que tampoco Zapatero incorporara esta modificación legal en su investidura. La portavoz del PP fue más allá y acusó a los socialistas de haber liberado al hombre de sus responsabilidades en las relaciones sexuales. «Bonito feminismo el que proclama este Ministerio de Igualdad», espetó.

En el lado opuesto se situó Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, que reclamó al Gobierno que ni se deje intimidar ni por la derecha ni por la jerarquía eclesiástica. «Los mismos que amenazan a mi madre con la excomulgación», resaltó Tardá, comentario que le granjeó el aplauso de su grupo, pero también de la bancada socialista.

El PNV encarnó lo que se podría denominar como 'tercera vía'. El diputado Joseba Aguirretxea avisó al Gobierno de que su grupo rechazaba las enmiendas a la totalidad, pero no apoyaban el proyecto con su actual redacción, con especial énfasis en la controversia sobre que los menores no informen a los padres de su intención de abortar.