El fiscal pide cinco años de cárcel por traficar al hijo de Mágico González

La noticia de su detención en diciembre de 2006 causó un gran revuelo. No por los hechos en sí, demasiado comunes en esta provincia, sino por la sangre que corre por sus venas. Jorge W., que por esas fechas tenía 23 años, fue arrestado en una embarcación con cerca de 1.600 kilos de hachís en Sancti Petri. Su nombre de pila y su primera inicial quizás no diga nada; ahora bien, si se añade que se trata del hijo del mítico futbolista del Cádiz, Mágico González, se entiende por qué esa noticia llegó hasta el país natal de su padre: El Salvador.

Casi tres años después, esta actuación de la Guardia Civil vuelve a estar de actualidad porque el próximo 30 de noviembre está previsto que se enjuicie en la Audiencia Provincial. Jorge W. se enfrenta a una petición severa de cárcel por parte del Ministerio Público, quien lo considera miembro de una organización de narcotraficantes que utilizaba supuestamente las costas chiclaneras para introducir cargamentos de hachís. Cinco años y medio de prisión y una multa de cuatro millones de euros es la solicitud del fiscal, según reza en su escrito de acusación.

Para fijar esa pena, la Fiscalía ha introducido varios agravantes como la pertenencia a banda organizada o el uso de buque con el fin de endurecer el castigo por el tráfico de esta sustancia, que suele quedarse en sentencias que apenas superan los cuatro años.

Jorge W. se sentará en el banquillo junto a otros 13 supuestos narcos que conformarían la estructura de la organización, liderada por José M. L. El fiscal le reserva la petición de pena más elevada -seis años y medio- para él. La acusación pública describe en su escrito cómo la organización durante 2006 «llevó a cabo las actividades necesarias para la introducción de hachís desde Marruecos» y su posterior distribución por distintas localidades de la provincia.

Soplos de un guardia civil

Siguiendo con el relato que hace el Ministerio Público, durante la investigación policial, los agentes se toparon con una desagradable sorpresa. El 9 de noviembre se producía una reunión en la Venta de Melilla de Chiclana entre el supuesto cabecilla y un individuo que resultó ser el jefe de la Policía Judicial del cuartel de Chiclana. En ese encuentro, describe el escrito de acusación, Juan M. D. F. alertó al traficante de que estaba siendo investigado. Esto provocó una llamada de teléfono del principal implicado a su esposa en la que le ordenaba que apagara el móvil para siempre. El agente, a raíz de su detención, fue apartado del cuerpo.

El fiscal limita su supuesta colaboración con la banda a ese momento en el que también le sopló al traficante la existencia de otra investigación paralela; por eso le pide una pena inferior de 16 meses de multa, a razón de 20 euros diarios y dos años de inhabilitación. El funcionario completa el banquillo de los 14 procesados en esta causa.