PSOE y PP radicalizan sus posturas sobre quien debe pagar la regularización

La opinión del Defensor del Pueblo acerca de quién debe abonar los costes y quién tiene la mayor cuota de responsabilidad en la legalización de viviendas sin licencia ha escocido en el municipio, y ha enconado el debate entre los legales y los ilegales.

La discusión es principalmente económica, y versa sobre los costes planteados en un proceso que el Ayuntamiento está a punto de iniciar para dotar de servicios a más de 15.000 casas ubicadas en el extrarradio. Ayer mismo, la edil de Urbanismo, Cándida Verdier, denunciado «la incoherencia y el populismo» del PP en este asunto. A su juicio, desde la oposición se hace «demagogia» con la regularización. Entretanto, el PP ha presentado una propuesta en el Parlamento para que la Junta diseñe un «plan económico especial» destinado a financiar las obras de las Áreas de Gestión Básica.