España tendrá que recortar 60.000 millones de gasto para reconducir su abultado déficit

España tendrá que reducir en 60.000 millones de euros el gasto de las administraciones públicas -central, autonómica y local- en los próximos años para cumplir el objetivo de recortar el abultado déficit y situarlo bajo el umbral del 3% que establece el pacto europeo de estabilidad. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, avanzó ayer que los 'números rojos' de las cuentas públicas rondarán los 100.000 millones a finales de año, en torno al 9,5% del PIB, según la previsión gubernamental. El Gobierno espera cubrir ese agujero con una reducción drástica del gasto, la subida de impuestos y la retirada de los estímulos impulsados para combatir la crisis.

Bruselas acaba de ampliar en un año el plazo dado a España, hasta 2013, para recuperar la disciplina presupuestaria que marca el Tratado de la Unión Europea. Para conseguirlo, el país deberá realizar un gran esfuerzo de contención del gasto que el secretario de Estado de Hacienda dejó claro que no es tarea sólo del Gobierno estatal. Las distintas administraciones territoriales, explicó Ocaña en el Foro Cinco Días, gastan más que el Ejecutivo central, por lo que «es necesario que las comunidades autónomas compartan ese esfuerzo de austeridad».

Ocaña dio algunos detalles acerca de cómo piensa reconducir el déficit. Su departamento calcula que la eliminación progresiva -a medida que mejore la situación económica- de las medidas de estímulo derivadas de la crisis financiera, junto a la reducción de las partidas destinadas a financiar la cobertura a los parados, permitirán reducir los 'números rojos' en unos 40.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB). Otros 20.000 millones (o dos puntos de PIB) se rebajarían mediante un ajuste severo del gasto del Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Además, el Gobierno central aspira a recaudar 13.000 millones adicionales gracias a las subidas del IVA y el IRPF, que entrarán en vigor en 2010, y de los impuestos especiales que gravan el tabaco y la gasolina, ya aprobadas el pasado 12 de junio.

El Gobierno cree que su plan para volver al pacto de estabilidad es, junto con el elevado desempleo, el principal desafío que tendrá que afrontar a corto plazo la economía. Resolverlo requerirá «un esfuerzo exigente, pero para nada imposible», explicó el secretario de Estado, quien subrayó que no habrá más subidas de impuestos.

En el terreno laboral, Ocaña propuso moderación salarial -para mejorar la competitividad- y algunas reformas que no detalló. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aclaró más tarde que esos cambios irán en la línea acordada por los países de la UE: abordar la actual «segmentación» del mercado de trabajo; aumentar la «empleabilidad» a través de un modelo de «flexiseguridad» -un concepto que pidió no vincular a un eventual abaratamiento del despido-, y poner sobre la mesa medidas para lograr una mayor adaptación de la mano de obra a los sectores «emergentes, productivos y de crecimiento», es decir, aquellos que aporten más valor añadido, en los que se basa el futuro modelo de crecimiento que el Ejecutivo quiere impulsar.

20 expedientes

Salgado defendió en su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea la necesidad de ajustes fiscales y de otras reformas estructurales para evitar que Europa entre en un «proceso de crecimiento económico plano», que según sus previsiones, dificultaría la aplicación de una estrategia creíble de consolidación presupuestaria. Por tanto, considera «importante» que la aplicación gradual del proyectado ajuste fiscal vaya acompañada de la aplicación de reformas estructurales que permitan «recuperar o incluso aumentar el potencial de crecimiento previo a la crisis».

En la presidencia española de la UE, que comienza el 1 de enero de 2010, habrá veinte estados miembros con un expediente abierto por Bruselas a causa de su déficit excesivo. La vicepresidenta explicó que, aun así, existe un consenso entre los Veintisiete de que el pacto de estabilidad es un instrumento «válido» para afrontar la recesión y reiteró que ahora lo importante es «la credibilidad en la consolidación» fiscal.